CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales mexicanas exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto entable comunicación con el gobierno de Honduras para pedir el retorno inmediato del ambientalista Gustavo Castro Soto, testigo del homicidio de la defensora Berta Cáceres, ocurrido el jueves 3. En un comunicado, diversas organizaciones sociales de derechos humanos y ambientales, así como por activistas, reprobaron la restricción impuesta por el gobierno hondureño a Castro Soto de permanecer en el país centroamericano por 30 días más, a pesar de que ha colaborado con las autoridades hondureñas para el esclarecimiento del homicidio de la Cáceres, Premio Goldman de protección al ambiente. En un escrito, los activistas también exigieron al gobierno de Honduras que “cancele la alerta migratoria que impide la salida de Gustavo Castro” y regrese de inmediato a México. Castro Soto es director de la organización civil Otros Mundos AC, “y junto con su equipo realiza un destacado e importante trabajo de defensa del medio ambiente, y apoya a las comunidades afectadas por la construcción de presas en México y en todo el continente”, resaltaron los quejosos. También destacaron que Castro “ha mantenido una permanente colaboración tanto con la fiscalía como con la autoridad judicial que conoce el caso”, y que este lunes regresó a la comunidad de La Esperanza, donde fue asesinada Berta Cáceres, para participar en careos para el esclarecimiento del homicidio. Para los activistas, “resulta injustificada y excesiva” la decisión de las autoridades hondureñas de retenerlo durante los próximos 30 días, toda vez que ha mostrado “plena colaboración” como testigo de los hechos. Luego recordaron las recientes medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Castro, a la familia de Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que encabezaba la defensora asesinada. “La permanencia de Gustavo Castro en Honduras significa un riesgo para su vida e integridad, pues quienes privaron de la vida a Berta podrían intentar lo mismo en contra de uno de los testigos”, destacaron en el comunicado. Entre las ONG que firman destacan las 79 organizaciones afiliadas a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”; 27 de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, así como el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Greenpeace México, Habitat International Coalition America Latina, IDHEAS, Mujer y Medio Ambiente y la Red de Género y Medio Ambiente. De forma individual se sumaron a la exigencia Adelina González Marín, Agnieszka Raczynska, Brenda Rodríguez Herrera, Hilda Salazar, Pablo Romo, Rebeca Salazar y Rodrigo Gutiérrez Rivas, coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cabe resaltar que para exigir el esclarecimiento del homicidio de la activista, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se manifestaron frente a la embajada de Honduras en México. Algunas de las manifestantes se reunieron con el embajador José Mariano Castillo, quien se comprometió con las mujeres a entregarles esta misma semana información sobre el proceso judicial que se sigue en su país sobre el caso de Cáceres. Acusan fallas en investigación Amnistía Internacional (AI) denunció hoy fallas en la investigación del asesinato de Berta Cáceres, perpetrado el jueves 3, y criticó las medidas a las que está siendo sometido el único testigo de los hechos, el también activista mexicano Gustavo Castro, cuya vida, según la organización, corre peligro. Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía para las Américas, dijo a la agencia AP que no se está llamando a declarar a quienes Cáceres había denunciado por amenazas de muerte, no se ha aceptado la petición de la familia de la víctima de que participen en la investigación peritos independientes, dado que "no existe una capacidad forense adecuada" en el país, y la principal línea de investigación no está enfocada en su trabajo como reconocida defensora de los derechos de los indígenas a su territorio. Además, el único testigo de los hechos, Gustavo Castro, que resultó herido en el ataque a Cáceres y fingió estar muerto para salvar la vida, corre peligro porque en el contexto actual "no existen condiciones para garantizar su seguridad", pero las autoridades no le permiten salir por 30 días, aunque ya rindió declaración varias veces y podría seguir colaborando desde México. "El gobierno ha reiterado su compromiso por la verdad y la justicia, pero ello no se traduce en resultados", denunció Guevara-Rosas, quien mostró su preocupación por el clima de "impunidad y corrupción" que vive Honduras, donde han sido asesinados 118 activistas en los últimos diez años, según datos de Amnistía. En conversación telefónica desde Tegucigalpa, la representante de la ONG criticó que no haya un pronunciamiento oficial sobre las líneas de investigación que se están siguiendo en el caso de Berta Cáceres, pero que extraoficialmente se divulgue que el móvil del asesinato podría haber sido un robo o un crimen pasional, algo que no dudó en calificar de "ofensivo". Cáceres, una indígena lenca de 45 años, ganadora de un prestigioso premio de ambientalismo, había denunciado que era objeto de amenazas de muerte por parte de la policía, el ejército y grupos de terratenientes y empresas cuyos proyectos combatía en defensa del territorio. La CIDH había otorgado a la activista medidas cautelares desde 2009, pero el gobierno hondureño no le asignó protección.