Desde julio la PGR cuenta con video del caso Ayotzinapa: Tribunal de Guerrero

miércoles, 9 de marzo de 2016
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Autoridades del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJ) entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) una copia del video del caso Ayotzinapa diez meses después de ocurrida la masacre y desaparición de los 43 normalistas. Lo anterior fue revelado por el presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado, quien afirmó que actualmente el Poder Judicial “no cuenta” con material videográfico alguno del caso Ayotzinapa. No obstante, dijo que el equipo del Circuito Cerrado de Televisión (CCT) de la sede del TSJ en Iguala es el mismo que videograbó los hechos del pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 a la altura del puente del Chipote, localizado en la entrada sur de la ciudad. Este mediodía, Robles Hurtado sostuvo un encuentro con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el salón de plenos del TSJ, en el centro de la capital de la entidad. La reunión fue pactada desde el 19 de febrero luego de que el presidente del Poder Judicial, a solicitud de los familiares de las víctimas, anunció una investigación para conocer el destino que se le dio al video donde se registraron los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Al respecto Robles Hurtado, quien ostenta una patente de notario en Acapulco –heredada de su padre Rubén Robles Catalán, secretario de Gobierno durante la administración del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y asesinado a tiros en 2005–, entregó a los familiares de los normalistas desaparecidos copias certificadas de cuatro causas penales integradas por jueces de primera instancia sobre el caso Ayotzinapa. Los expedientes están relacionados con el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes y otras personas. Sobre el tema del polémico video, Robles afirmó que el Poder Judicial no cuenta con material videográfico alguno sobre el caso Ayotzinapa. Ello debido a que desde el 24 de julio pasado el encargado del departamento de Informática del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Iguala, Javier Uribe Iturbe, entregó al agente del MP adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Ernesto Ornelas Delgado, una USB que contenía “un respaldo” extraído del video del CCT correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014. El presidente del TSJ indicó que la copia de la videograbación se encuentra en el expediente PGR/SEIDO/UEIDM/001/2015, y por ello actualmente, acotó, no tienen acceso a las imágenes de los hechos registrados la noche trágica de Iguala. Los especialistas de la CIDH aseguraron que esa grabación captó el momento en que al menos una veintena de normalistas fueron interceptados por agentes federales, estatales y municipales en las inmediaciones del punto conocido como el puente del Chipote. Los expertos han señalado que ese video es una evidencia clave en el caso Ayotzinapa y denunciaron que pudo haber sido destruido por los representantes del Poder Judicial en ese entonces, por lo que habían solicitado a la PGR investigar el hecho. En su momento, la expresidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín, declaró públicamente la inexistencia del video. “No se puede destruir lo que nunca existió”, justificó. Al respecto, el actual presidente del TSJ admitió que el equipo que realizó la videograbación durante el 26 y 27 de septiembre sigue siendo el mismo y que ha sido sometido a diversos peritajes de la PGR, pero dijo desconocer si aún se guarda en la memoria interna las imágenes de la noche cuando se registró la desaparición de los normalistas. Los familiares de los 43, encabezados por Melitón Ortega, anunciaron que revisarán la información que les proporcionó este día el presidente del TSJ y posteriormente fijarán una postura al respecto. Enseguida, los familiares de las víctimas se retiraron del lugar cargando las cajas que contienen las copias de los expedientes que se encuentran en etapa de instrucción ordinaria, es decir, siguen abiertos y se desahogan con pruebas presentadas por las partes involucradas en el hecho.

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