CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diversas personalidades y organizaciones exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto poner un alto a la “campaña de persecución, descrédito y violencia” contra los defensores de derechos humanos. De igual manera, demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) desistirse del “uso político de la justicia“. En un desplegado difundido este lunes en diferentes diarios de circulación nacional, Alejandro Encinas, Angélica de la Peña, Clara Jusidman, Daniel Gershenson, Denise Dresser, Juan Pardinas y Martha Lamas, entre otros, preguntan: “¿Por qué el gobierno federal ha decidido sumarse activamente a la campaña de calumnias y descalificaciones a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y ahora el Secretario Ejecutivo de la CIDH? ¿La denuncia presentada contra Emilio Álvarez Icaza (secretario de la CIDH) será archivada de forma definitiva o será empleada con un fin político por parte de este gobierno, usando ilegalmente a la PGR como medio de persecución política? ¿Cuáles son las razones por las que este tipo de gobierno ha decidido ocultar la evidente crisis de derechos humanos?”. Los firmantes –entre ellos Cencos y México Unido Contra la Delincuencia– urgen que el Estado “deje de hacer uso de los aparatos judiciales para inhibir y vulnerar los instrumentos de defensa de las víctimas, ya que esto no solo representa una falla institucional, sino que vulnera la relación con el concierto de las naciones y los organismos multilaterales”. El texto también fue suscrito por Alejandro Solalinde, Luis González Plascencia, Maité Azuela y María Elena Morera. El pasado miércoles 6, expertos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también pidieron al gobierno federal tomar acciones para contrarrestar la campaña de estigmatización emprendida contra el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del GIEI. De acuerdo con el organismo, esa operación mediática empeora el clima para la promoción y protección de los derechos humanos en México y busca socavar el trabajo del GIEI “como promotores de las libertades fundamentales en el país”, pues se les ha acusado de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura. “El gobierno debe contrarrestar tales ataques y tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente seguro para las personas y la sociedad civil, libre de cualquier tipo de acoso”, subrayó el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai. “Las autoridades mexicanas deberían reconocer públicamente que la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos no es sólo una actividad legítima, sino fundamental para fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas ante la justicia y la democracia en el país”, precisó a su vez Michel Forst, Relator Especial de la ONU. Añadió: “El trabajo que llevan a cabo los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil en México ha contribuido activamente a la promoción del acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad, y es especialmente importante en un contexto en el que ocurren graves violaciones de derechos humanos que en gran parte permanecen en la impunidad”. Y el Relator Especial de la ONU sobre libertad de opinión y de expresión, David Kaye, resaltó que cualquier atentado contra el trabajo que realicen los defensores de derechos humanos “crea un efecto disuasivo, silenciando otros puntos de vista y expresiones de disenso por parte de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y de asociación”.