CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó hoy el “Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2015”, con resultados negativos para las cárceles mexicanas. La calificación de los centros estatales fue de 6.21, dos décimas más que en 2014; los centros federales obtuvieron 7.36, y las prisiones militares 7.93 Estos resultados subrayan la necesidad de revisar y replantear el sistema penitenciario en México, bajo un parámetro de derechos humanos. El ombudsman recordó que lo ocurrido en el penal mexiquense del Altiplano, con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, así como la masacre ocurrida en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico, en Nuevo León, evidenciaron las vulnerabilidades y fallas del sistema penitenciario nacional. “No debe esperarse a que se registren hechos graves en un centro penitenciario para voltear a ver los problemas existentes o implementar acciones de carácter paliativo, ni tener actitud reactiva para atender un problema sólo cuando tiene repercusión social”, advirtió. El titular de la CNDH explicó que en 2015, en una escala de 1 a 10, el promedio nacional de calificación de los centros penitenciarios estatales fue de 6.21, que si bien representa un crecimiento de dos décimas respecto de las calificaciones de 2014, no implica un avance sustantivo o cambio radical en el panorama nacional en la materia. Las entidades que obtuvieron las mejores calificaciones en el DNSP 2015 son: Guanajuato, con 8.02; Aguascalientes, 7.75; Baja California, 7.42; Chihuahua, 7.38, y Tlaxcala, 7.34. Por su parte, las que tuvieron los menores promedios son: Nayarit, 4.11; Quintana Roo, 4.43; Guerrero, 4.99; Hidalgo, 5.01, y Tabasco, 5.06. El ombudsman también resaltó que a los centros federales les correspondió un promedio global de 7.36, y a las prisiones militares 7.93. Del total de 130 centros penitenciarios estatales visitados, en 104 se advirtieron deficiencias en la clasificación entre procesados y sentenciados; en 92 casos se observó falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo; en 95 hay falta de personal de seguridad y custodia, y en 86 ausencia de prevención y atención de incidentes violentos, como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines. En 84 de los centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, mientras que en 81 prevalecen deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a los internos en las áreas de: dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedor. Una constante en 75 centros es la falta de manuales de procedimientos para ingreso, traslado de internos en caso de motín, uso de la fuerza, solicitud de audiencia con las autoridades, visita íntima, familiar, revisión de visitantes, de estancias, así como una deficiente difusión de la normatividad. En 71 casos se observó deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad, en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como en el control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de los teléfonos y en materia de seguridad, lo que vulnera el control de la autoridad sobre el centro de reclusión, favoreciendo la violencia dentro del mismo. Un problema reiterado en 65 cárceles es la sobrepoblación y la falta de oportunidades para la mayoría de los internos en cuanto a servicios y de actividades educativas, laborales y deportivas. En 71 instituciones existe hacinamiento; en 73 hay áreas de privilegios, así como presencia de objetos, sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población. En cuanto a la aplicación de sanciones disciplinarias a los internos, existen deficiencias en el respeto del derecho de audiencia, la certificación de integridad física, la falta de notificación al interno y sus familiares, así como de atención adecuada por parte de las áreas técnicas y del servicio médico durante el cumplimiento de la sanción, situación reportada en 58 de los centros visitados. Por lo que hace a centros federales, en 16 de ellos se observó insuficiente personal de seguridad y custodia; en 15 casos, deficiencias en los programas para prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; en 14, insuficientes actividades laborales y de capacitación, y en 11 es nula la clasificación entre procesados y sentenciados, advirtiéndose hacinamiento en ocho casos. De acuerdo con el presidente de la CNDH, la situación que guarda el sistema penitenciario de nuestro país dista de ser acorde con lo previsto por el artículo 18 constitucional. Loa anterior apunta a que el sistema penitenciario no está plenamente organizado, no opera sobre una base de respeto a los derechos humanos, en donde el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte sean los medios que logren la reinserción social de los internos. “Día con día –deploró el ombudsman— se violentan los derechos fundamentales de un gran número de mexicanas y mexicanos privados de su libertad, a pesar de que las y los internos están privados de su libertad, pero no de su dignidad como personas”.