CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, la llamada “Ley Eruviel”. En un comunicado, el organismo indicó que reconoce y apoya la necesidad de regular el uso de la fuerza pública por parte del Estado que si bien “sirve para garantizar la sana convivencia y respeto entre las personas”, también “debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos de todos”. Desde la publicación de la ley, el pasado 18 de marzo en el Periódico Oficial del Estado de México, añadió, la CNDH se dio a la tarea de analizarla de manera integral, contrastándola con la Constitución y los instrumentos internacionales que existen en la materia. De esa revisión, abundó, detectó algunas posibles inconstitucionalidades y algunos de esos elementos coincidieron con los argumentos planteados en solicitudes de promoción de acción de inconstitucionalidad que presentaron ante la CNDH diversos organismos políticos y no gubernamentales, a las que les preocupa la restricción a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión, entre otros. Asimismo, refirió, recibió la solicitud de revisar la ley por parte del Ejecutivo y del Congreso del Estado de México que también interpusieron una acción de inconstitucionalidad. La CNDH destacó que en el análisis de la citada ley, trabajó en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con la que coincidió en el tratamiento de las temáticas. El organismo nacional señaló que la Corte, “como último y máximo intérprete de la Constitución”, decidirá sobre la validez de la norma impugnada o sobre su interpretación. “Con la correspondiente definición que el Supremo Tribunal haga, existirá certeza jurídica, tanto para los elementos de las instituciones de seguridad encargados de aplicar la ley, como para las personas que de manera libre ejerzan sus derechos humanos”, subrayó la CNDH en su comunicado. El pasado 6 de abril el gobernador priista reculó y solicitó a la Legislatura mexiquense promover ante la Corte una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Atenco que él mismo alentó. Y según dijo, reconoció que su determinación surgió tras escuchar las voces que se han pronunciado en contra de la Ley Eruviel.