CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) avaló la honradez del expriista Miguel Ángel Yunes, su candidato a gobernador de Veracruz, y acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de usar los servicios de inteligencia para grabar el audio en el que éste y su hijo Omar Yunes hablan de una compra inmobiliaria en Nueva York por 60 millones de pesos. “(La grabación) es evidente que forma parte de la guerra sucia del PRI en contra de nuestro candidato, quien lleva una ventaja de más de 10 puntos en todas las encuestas”, afirmó el PAN mediante un comunicado, en el que acusa al “gobierno federal” de encubrir al gobernador Javier Duarte. “Esta guerra sucia en contra de nuestro candidato es un intento más del gobierno federal para encubrir al gobernador Javier Duarte, quien de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación desvío más de 35 mil millones de pesos provenientes de fondos federales. Exigimos a las autoridades correspondientes imponer todo el peso de la ley a quienes han robado y engañado a los veracruzanos”. Este posicionamiento del PAN que encabeza Ricardo Anaya se emitió poco después de las 14 horas de este martes, luego de que la cadena Univisión difundió el audio en el que Omar Yunes consulta a su padre sobre la millonaria operación inmobiliaria, que el candidato negó haber realizado. Apoyado también por Margarita Zavala, la aspirante presidencial, Yunes afirmó que todos sus bienes están incluidos en la declaración patrimonial que hizo pública hace unos días y que avaló también el PAN. “Acción Nacional respalda las precisiones hechas por su candidato: los bienes con los que cuenta son los reportados con absoluta transparencia en sus declaraciones que, además, son públicas. Por lo tanto, están a disposición de quien desee consultarlas”. El PAN también acusa al gobierno de usar los servicios de inteligencia para obtener la grabación de los Yunes: “El espionaje telefónico es una práctica ilegal que, como cualquier otro acto fuera de la ley, Acción Nacional considera reprobable, como lo es también que los órganos de inteligencia del Estado se dediquen a intervenir conversaciones privadas con fines políticos. El espionaje y persecución deben orientarse a los delincuentes, no a los candidatos”.