CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) integró 47 expedientes por tortura, once por detención arbitraria y cuatro por maltrato físico, formuladas por presuntos inculpados en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace 19 meses. En un comunicado, en el que informó que integró el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a su expediente del Caso Iguala, el organismo informó que el 15 de marzo le solicitó “todo el soporte documental recabado en el desarrollo de sus investigaciones y que sustenta sus conclusiones, incluido el que encuentra vinculación con los casos de tortura”. Tras celebrar algunas de las coincidencias en la lista de recomendaciones hechas por el informe del GIEI y la CNDH en su documento dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR) en julio del año pasado, el organismo público abundó en sus actuaciones sobre los expedientes de tortura. Sostuvo que durante la investigación de esos casos, solicitó información a la PGR, a los penales y juzgados federales “autoridades a las que se solicitó actuaciones relacionadas con las puestas a disposición y declaraciones de los detenidos, certificaciones médicas, opiniones de mecánica de lesiones, valoraciones psicológicas, material videográfico y expedientes penitenciarios”, peticiones en las que “en algunos casos, ha existido dilación” en su entrega. Según la CNDH, en atención a las quejas por tortura y malos tratos, los peritos médicos y psicológicos del organismo aplicaron el Manual para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como Protocolo de Estambul, en los centros penitenciarios donde se realizaron “la valoración clínica, entrevista y evaluación psicométrica” a los quejosos, con la asistencia de personal de la Primera Visitaduría, responsable de la integración del Caso Iguala. El organismo aseguró que sus expertos cumplieron con “los estándares de oficiosidad, minuciosidad, competencia, prontitud, especialidad, imparcialidad, protección e información” contemplado en el Protocolo de Estambul, además de que se integró un equipo multidisciplinario para valorar estas probanzas, que se integrarán en la recomendación final. Al insistir en que las recomendaciones del GIEI coinciden en lo general con el documento “Estado de la Investigación del ‘Caso Iguala” del 23 de julio del año pasado y un reporte adicional de 14 de abril, la CNDH expresó que “la presencia en México de grupos y organizaciones de diversas latitudes suma a la defensa de los Derechos Humanos, pero no sustituye la alta encomienda constitucional que corresponde cumplir a la CNDH”. De acuerdo al organismo, durante la permanencia del GIEI, hubo “una amplia relación de colaboración y de intercambio de información”, sobre todo en la atención a las víctimas. En el comunicado se agrega que el GIEI reconoció la labor de la CNDH al emitir una recomendación a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en el documento referido de julio, relacionada con la realización de un “estudio psicosocial que pondere la magnitud del evento y sus consecuencias en las esferas colectiva, familiar e individual de las víctimas de los hechos”. Retomando las recomendaciones previas mencionadas por el GIEI en su segundo informe, la CNDH recordó que en el caso del normalista Julio César Mondragón Fontes, pidió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero determinara “el origen de las lesiones que presentó” en el rostro así como que “reforzara los medios de convicción que sustentan los procesos penales de los probables responsables de estos hechos”. El organismo aseguró que ha brindado acompañamiento a los familiares de Mondragón, “de manera activa en las diligencias de exhumación, segunda necropsia e inhumación del cadáver de Julio César Mondragón Fontes” y sin precisar en datos, supuestamente por respeto a sus familiares, agregó que en febrero determinó “las circunstancias en que fue privado de la vida”. La CNDH anunció que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el GIEI a diversas autoridades, con el fin de “hacer efectivos los derechos que tienen las víctimas a conocer la verdad sobre lo sucedido, a que se haga justicia, a la reparación integral del daño y a que se cumpla la garantía de no repetición”.