GUANAJUATO, Gto., (apro).- La bancada del PAN en el Congreso del estado expresó su rechazo a la actualización de la Norma Oficial Mexicana 046, aprobada por el gobierno federal en febrero pasado, para agilizar el trámite de acceso a la interrupción legal del embarazo para víctimas de violación sexual, argumentando que “pretende imponer criterios que van contra la legislación del estado”. En sesión del pleno, la diputada panista –y secretaria de la Comisión de igualdad de género del Congreso- Estela Chávez Cerrillo, afirmó que la redacción actual de la norma (NOM046-SSA2-2005) no debe ser aceptada en la entidad, ya que “no se debe permitir que el gobierno federal se extralimite en sus facultades y pretenda imponer” criterios que, según expuso, “violentan la soberanía” del Congreso. La sesión de hoy estaba terminando y fue en asuntos generales cuando la diputada panista subió a la tribuna para hablar sobre la NOM 046. Según Chávez Cerrillo, legisladora de mayoría por el Distrito 22 con sede en Acámbaro, las modificaciones efectuadas a la Norma oficial son contrarias a las leyes locales, “sobre todo en cuanto a temas de capacidad e incapacidad de las personas físicas, patria potestad y tutela o representación de los menores de edad, y aborto en casos de violación”. Incluso, Estela Chávez señaló que aunque Guanajuato forma parte del pacto federal, no se debe permitir “que nos sean impuestas disposiciones que sobrepasan las facultades del Poder Ejecutivo federal en aquellas materias para las cuales la Constitución general reconoce nuestra soberanía para legislar”. Por ello, asumió que como Congreso se rechaza En febrero, el Comité consultivo nacional de normalización de prevención de control y enfermedades aprobó la modificación a la referida norma, en su artículo 6.4.2.7, relativo a la necesidad de que una mujer víctima de violación debía obtener una orden judicial para acceder a la interrupción legal del embarazo. El comité acordó que las autoridades sanitarias no deben requerir esta autorización judicial, lo que se consideró un obstáculo para garantizar este derecho a las mujeres víctimas de violación. Esta norma, inicialmente referida a la atención médica en casos de violencia familiar, se modificó en el 2009 a consecuencia del caso de Paulina, una menor de 13 años de Baja California a quien le fue negada la posibilidad de interrumpir su embarazo después de que fue abusada sexualmente en 1999. En 2002, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2006 el Estado mexicano firmó un acuerdo de solución amistosa en el que se comprometió, entre otras cosas, a actualizar la NOM 190-SSA1-1999, relativa a la atención médica a la violencia familiar, así surgió la NOM-046.