CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Activistas y el director de Otros Mundos, Gustavo Castro Soto, quien fuera retenido casi un mes de forma irregular en Honduras luego de atestiguar el asesinato de la defensora Berta Cáceres, reprocharon al gobierno de Enrique Peña Nieto no haber actuado con prontitud para acelerar el regreso del connacional a pesar de que había sido también víctima del atentado en el que murió su colega hondureña. En su primera conferencia de prensa, luego de retornar a México tras un mes de permanecer confinado en la embajada mexicana en Tegucigalpa, Castro Soto y defensores que estuvieron al frente de las negociaciones con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir la aplicación del Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras”, firmado en 2004, reprobaron que la Cancillería se adjudique como un logro el retorno del activista, cuando la estrategia institucional fue dejar pasar la alerta migratoria decretada por 30 días. Luego de hacer un reconocimiento a la labor de protección de la embajadora y el cónsul en Honduras, Dolores Hernández y Pedro Barragán, Castro Soto señaló que “ante la falta de aplicación de las leyes de Honduras en mi caso y las irregularidades, es extraño que el gobierno mexicano acá no haya actuado antes, que se hubiera tardado tanto habiendo mecanismos, habiendo tratados y habiendo forma de hacerlo”. Al destacar que su estancia obligada durante un mes significó “una tortura psicológica” ante la falta de claridad sobre los objetivos para retenerlo, el director de Otros Mundos vivió en una incertidumbre jurídica, debido a que persistía “la posibilidad de alargar la retención otros 30 días, un año o lo que ellos quisieran de una manera totalmente arbitraria, como ya lo estaban haciendo”. También lamentó estar un mes en Tegucigalpa “sin hacer nada”, realizando diligencias que pudo haber hecho desde México, si se hubiera aplicado el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua. Limitado a dar detalles sobre lo que ocurrió la noche del 2 de marzo, cuando mataron a Berta Cáceres, Castro Soto dijo que sobrevivió al atentado porque los asesinos “simplemente me dieron por muerto”, agregó que hubo momentos en que pensaba en que sería implicado como responsable del crimen. “Hubo presión del gobierno hondureño de tenerme en custodia cuando sabía que no había las garantías legales, y en medio la presión nacional e internacional estaba demandando una respuesta ya; había los rumores de que podía ser imputado, nunca me lo dijeron directamente, aunque era solamente el ambiente político que se vivía en ese momento y en la prensa”, explicó. Castro Soto consideró que la fiscalía hondureña no tendría por qué requerirlo nuevamente, toda vez que colaboró en la reconstrucción de hechos y en todas las diligencias que le solicitaron, además de que expresó su disposición a seguir cooperando desde México. La actitud de Claudia Ruiz Massieu, titular de la SRE, “refleja la poca sensibilidad de la señora secretaria, además de que abre la puerta a la especulación sobre sus diferentes formas de actuar cuando, por ejemplo, está de por medio su apoyo a connacionales de su partido político a quienes, aun en categoría de imputados, sacan de España casi en forma inmediata y bajo un despliegue de medios impresionante”, señalaron los defensores en su comunicado en alusión a el exgobernador de Coahuila, el priista Humberto Moreira. Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), destacó que desde que se retuvo de forma irregular a Castro Soto, antes de abordar el avión de regreso a México en Tegucigalpa, hubo reuniones con funcionarios de la Cancillería, entre ellos la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores; con Erasmo Lara Cabrera, de la Dirección de Derechos Humanos y Democracia, y Reyna Torres Mendívil, de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Extranjero, e incluso se solicitó la intervención del subsecretario de Gobernación, Roberto Campa. Cortez explicó que la defensa de Castro en Honduras padeció la falta de acceso al expediente, en tanto que al activista se le dio tratamiento de “imputado” para retenerlo en Honduras ante la falta de regulación del tratamiento a testigos protegidos. “Se interpusieron tres recursos: una solicitud a la Fiscalía para que pidiera a la jueza de la causa la suspensión de la alerta migratoria, una vez que ya había aportado todo lo que tenía que aportar; un amparo contra la alerta migratoria decretada de forma irregular por la jueza (Victorina Flores), porque la fiscalía no solicitó los 30 días, y un habeas corpus, recursos que siguen su trámite”, apuntó. Miguel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), narró la evolución de las conversaciones que sostuvieron activistas con funcionarios de la Cancillería. Aseguró que en el primer encuentro parecía que las autoridades “no conocían la existencia del Tratado”, y que fueron los representantes de las organizaciones sociales quienes lo mostraron; después se les habló de un “acuse de recibo” de la supuesta petición de aplicación del tratado bilateral, sin que se les mostrara documento que acreditara la actuación de la dependencia. Los miembros de la sociedad civil siguieron insistiendo cuando se enteraron que la “embajada en Honduras estaba teniendo problemas de interlocución” con el gobierno de Juan Orlando Hernández y cuando la canciller Ruiz Massieu se negó a sostener un encuentro con la familia de Castro Soto. “Cuando les decíamos que no era posible que no exigieran la aplicación del Tratado, nos decían ‘hay que esperarnos’, pero en la última reunión literalmente la respuesta fue: ‘Hay que esperarnos a que acabe la alerta migratoria’, justificando todo el proceso de violación a los derechos de Gustavo, un connacional que estaba en calidad de víctima”, dijo Mijangos. El defensor aseguró que “el tratado nunca se pudo aplicar y sin embargo ellos (los funcionarios de la Cancillería) manifiestan en su comunicado de llegada a México que están en eso, lo cual es una mentira”. Acompañaron a Castro Soto también su hermano Óscar, quien llevó parte de la defensa jurídica en Honduras; Gustavo Lozano, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), y Libertad Díaz, de Otros Mundos.