CIUDAD DE MÉXICO (abril).- La defensa de la diputada sinaloense Lucero Sánchez reveló que no existe video del penal del Altiplano que certifique la visita de su cliente a Joaquín El Chapo Guzmán; lo que hay son fotografías sin suficiente calidad para ser consideradas como “evidencia”. Rosalba Alarcón, defensora de la legisladora local, acudió la tarde de este jueves a San Lázaro para entregar a la Sección Instructora las pruebas de su cliente, entre las que están varios peritajes de dactiloscopia y documentoscopia. En tanto que la parte acusadora, la Procuraduría General de la República (PGR), ofreció “pruebas documentales” las cuales constan en la averiguación previa abierta en contra de Lucero Sánchez, a quien acusa de haber falsificado documentos oficiales, como la credencial para votar, y con esa mica ingresar al penal del Altiplano el 4 de septiembre de 2014 para entrevistarse con Guzmán Loera. La defensa de la diputada local solicitó a la PGR, a través de la Sección Instructora, varios discos que contienen fotografías donde supuestamente aparece su cliente, y hoy la defensa está pidiendo pruebas periciales sobre esas imágenes. El presidente de la Sección Instructora, el diputado Ricardo Ramírez Nieto, dijo que la defensa pidió los discos con las imágenes. “A solicitud de ellos, nosotros le solicitamos a la PGR que nos exhibiera algunos discos que contienen imágenes fotográficas, PGR atendió el requerimiento y lo remitió”. Hoy la defensa de Lucero Sánchez está pidiendo pruebas periciales de tales imágenes, pues considera que no son de suficiente calidad para ser consideradas como evidencia. En entrevista en San Lázaro, la abogada Rosalba Alarcón dijo que no hay video que constate la visita de la legisladora, debido a que cada 27 días se reinician las cámaras, borrándose las grabaciones, “por lo tanto la Procuraduría no cuenta con ese video para demostrar que haya estado persona alguna en esa fecha”. Al presidente de la Sección Instructora se le preguntó si es válido que la defensa de la legisladora pida un peritaje sobre las pruebas que presentó la PGR, a lo que Ramírez Nieto respondió: “En su calidad de defensor tiene la posibilidad de ofrecer todas las pruebas que establezca y que sean lícitas y estén previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales que se está aplicando y supletoriamente la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La Sección Instructora tiene un plazo de 20 días contados a partir de este viernes para el desahogo de pruebas y, en caso de peritajes, ambas partes presentan el resultado y, si los dos peritos (uno por la parte acusadora y otro por la defensora), no se ponen de acuerdo, se llama a un tercero. El lunes 11 los miembros de la Instructora decidirán si aceptan o rechazan las pruebas presentadas y ello dependerá, dijo el presidente de la sección, “del estudio que hagamos a la luz de las constancias, porque nosotros tenemos que hacer un estudio para poder determinar y resolver qué pruebas son pertinentes y qué pruebas no son pertinentes”. Y añadió: “Ahora tenemos nosotros que analizar sobre la procedencia e improcedencia de las mismas, pero sí es lícito que ofrezcan todas las pruebas que sean lícitas y que estén contempladas en ley. Ya veremos nosotros si son procedentes o no es procedente para el caso específico”. Y se le preguntó: Si los peritos de la defensa contravienen lo que establece la PGR en su acusación, ¿ustedes solicitarán un tercer peritaje para dirimir la diferencia? “Lo que contempla la ley es que cuando hay peritajes contradictorios, la posibilidad es, primero, de una junta de peritos para ver si se ponen de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, estar en posibilidad de designar un perito tercero, pero ese es un escenario, te lo estoy diciendo genéricamente, no que vaya a suceder en este caso específico, porque nosotros todavía no procedemos a hacer el estudio correspondiente del ofrecimiento de las pruebas”.