Plantean PAN y PRD 20 temas 'irreductibles” en 5 leyes anticorrupción

miércoles, 11 de mayo de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de que se decida el periodo extraordinario para aprobar el paquete de siete leyes anticorrupción, el bloque del PAN y PRD dio a conocer un listado de 20 temas “irreductibles” en los que no cederán frente al bloque del PRI y Partido Verde, incluyendo la obligatoriedad de “incluir las declaraciones de patrimonio, intereses y fiscal”, así como sancionar al funcionario que se enriquezca por medios ilícitos. Los puntos “irreductibles” y las sugerencias de cambios se refieren a las cinco leyes de las cuales el PRI y el Verde presentaron un predictamen antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones. Se trata de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas (donde hay una propuesta de la sociedad civil conocida como Ley3de3); Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A través de un documento de cinco cuartillas, PAN y PRD expusieron sus principales diferencias con el predictamen del PRI y del Verde. Estos son algunos de los puntos:
--Para integrar el Comité de Participación Ciudadana, será el Senado el que nombre al comité de selección. La propuesta PRI-Verde otorga esta facultad al Comité Coordinador. --Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son sobre “cualquier falta administrativa que considere grave”. La propuesta del PRI-Verde señala que estas investigaciones se realizarán “cuando detecte daños o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de entes públicos”. PAN Y PRD proponen modificar los artículos 11 y 98 del predictamen. --Las autoridades investigadoras tendrán acceso a información protegida por la ley, como las operaciones de depósito, ahorro e inversión en instituciones financieras. --El proyecto PRI-PVEM “no incorpora disposiciones dirigidas a establecer cómo se dará trámite, seguimiento y desahogo de las denuncias por actos de corrupción”. PAN-PRD plantean “incorporar todo un capítulo que establezca las competencias, procedimientos y obligaciones al respecto”. --PRI y PVEM “no contemplan como tráfico de influencias la obtención de beneficios, así como de bienes muebles e inmuebles en condiciones notablemente favorables ofrecidas o propiciadas por quienes sean titulares de los contratos de servicios u obras públicos”. PAN-PRD plantean que este tipo de conducta sea considerada tráfico de influencias. --PAN-PRD también plantean como acto de corrupción que, en el marco de aprobación presupuestaria, un diputado federal o local “gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión, dádiva o contraprestación indebida, en dinero o especie”. --PAN-PRD proponen adicionar varios artículos para permitir que el Sistema Nacional Anticorrupción sancione de manera efectiva el tema de conflicto de interés. --El proyecto PRI-Verde no establece normas para investigar redes de corrupción, sino que se limita a la investigación de los casos en lo individual. La cooperación internacional resulta “de especial importancia para ello”, y PRD y PAN proponen que se incorpore. --Para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, PAN y PRD proponen que el Ejecutivo federal justifique ampliamente la idoneidad de la designación, y que el Senado decida en mecanismo de parlamento abierto. --En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas deben incorporarse como entidades fiscalizadas a las filiales de las empresas productivas del Estado y a los órganos reguladores en materia de energía, así como los proyectos de inversión con participación privada, como las asociaciones público-privadas. --Se debe incorporar en la misma ley los términos de financiamiento de deuda pública, deuda contingente, así como lo relativo a la estabilidad de las finanzas públicas y la revisión del sistema de alertas de las deudas estatales. --PAN y PRD consideran “regresivo” que la Auditoría primero discuta con las entidades fiscalizadas antes de emitir recomendaciones. “La emisión de recomendaciones no puede estar sujeta a revisión o aceptación de las propias autoridades que habrán de recibirlas”.

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