CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, alertó sobre la ausencia de políticas públicas para atender las desapariciones forzadas internas derivadas de la violencia criminal y propuso la creación de una ley general sobre desplazamiento forzado interno para atender a las víctimas hasta ahora incuantificables. En conferencia de prensa para presentar el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, González Pérez reconoció dificultades para ubicar a víctimas que dejaron sus comunidades por huir de la violencia y refirió que el organismo detectó directamente mil 784 personas que migraron de sus comunidades de origen. Sin embargo, el ombudsman señaló que durante la investigación  realizada por personal de la Quinta Visitaduría, encabezada por Edgar Corzo, el organismo recibió información de autoridades estatales y municipales de la existencia de otras 35 mil 433 víctimas. Además, los organismos públicos defensores de derechos humanos notificaron de la existencia de seis mil 685 desplazados, en tanto que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  (CDI) reportó haber atendido a 16 mil 92 indígenas desplazados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Al señalar que el informe presentado es el primero que realiza un organismo de Estado, Luis Raúl González Pérez puntualizó que ante la invisibilización del problema “es preciso elaborar un diagnóstico nacional y oficial sobre el desplazamiento interno en México”, para lo cual propuso “un levantamiento censal”. El ombudsman reconoció que pese a que el organismo realizó trabajo de muestreo en las 32 entidades de la República, “los resultados obtenidos de este ejercicio no nos permiten formular una proyección general válida sobre la dimensión del fenómeno del desplazamiento forzado interno en México”. Por ello, sugirió “un esfuerzo de mayor envergadura y alcance que culmine en el registro nacional implementado bajo estándares internacionales”. González Pérez apuntó que el estudio realizado por la CNDH, que contempló la aplicación de mil cuestionarios en 63 municipios del país, asentados en 166 actas circunstanciadas, sí permite “evidenciar la necesidad y urgencia de atender este problema por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de que se genere conciencia, tanto en el Estado como en la sociedad mexicana, sobre su existencia y repercusiones”. El presidente de la CNDH urgió a “establecer las condiciones de seguridad frente a la delincuencia organizada, así como el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento”. También insistió en que el diagnóstico es prioritario para sentar las bases de “una ley general sobre desplazamiento forzado interno que establezca el marco jurídico base para la distribución y la determinación de la concurrencia de las atribuciones y obligaciones de las autoridades del Estado mexicano en la materia”. Para la Comisión, dijo, la migración forzosa implica la violación a los derechos a la “circulación y residencia, a la salud, a la seguridad personal, a la seguridad pública, a la seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación”. Cifras diversas En su intervención, el quinto visitador Edgar Corzo hizo referencia a una serie de cifras obtenidas a través de testimonios directos de víctimas, autoridades estatales y municipales y de otras fuentes. Los datos de desplazamiento son tan diversas, que en Tamaulipas la CNDH recabó información de que 20 mil personas habían migrado a otras entidades por la violencia, en tanto que en Sinaloa se abrió un expediente de queja por la migración de varios  estados de unas mil 177 familias de distintos municipios a causa de “conflictos entre grupos delincuenciales”, apuntó. El funcionario aseguró que pese a que el desplazamiento forzado interno no es un tema nuevo, hay una “resistencia de las autoridades para reconocer de manera abierta” el problema, además de que “no hay una postura uniforme del Estado mexicano en ese sentido, lo que dificulta la atención y las acciones que deben implementarse a favor de las víctimas”. Al señalar que este problema generado por la violencia “no forma parte de la agenda pública” --lo que se advierte ante la descoordinación de los tres niveles de gobierno para atenderlo--, Corzo urgió la intervención a nivel federal de las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, Educación Pública, Salud, así como el Congreso de la Unión, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Sistema DIF nacional. De igual manera, conminó a los gobiernos estatales y a los congresos locales de las entidades que enfrentan el desplazamiento forzado, así como a los municipios a atender una serie de recomendaciones para garantizar los derechos de las víctimas del desplazamiento forzoso. Entre las medidas aconsejadas, la CNDH llamó a la coordinación de “los tres niveles de gobierno, los organismos internacionales, la sociedad civil organizad y el sector privado, para atender” el desplazamiento forzoso, formulación de protocolos de atención, reconocer los derechos de los desplazados en apego a la Ley General de Víctimas, garantizar acceso a trabajo, capacitación y educación, entre otras.