CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El gobierno mexicano no toleró cuando Juan Méndez, el relator de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, aseveró que en el país “la tortura y los malos tratos son generalizados”. Funcionarios de la administración actual negaron las conclusiones del relator, e incluso cuestionaron su integridad ética. Sin embargo, un nuevo caso llegó a Proceso, Aristegui Noticias y Animal Político a través de Méxicoleaks, la plataforma digital que permite enviar documentos de manera anónima: se trata de un video en el que se puede observar a agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) perpetrando actos de tortura contra Silverio Rodríguez Martínez. En el corto video, se puede apreciar cómo el entonces agente de la PGJEM Pedro Velazco Estrada –así quedó identificado por la fuente anónima--, golpea a un hombre de camisa azul desabotonada. En ese momento, se ve que el funcionario que está grabando el interrogatorio apaga su cámara. Luego, Velazco Estrada toma una bolsa de plástico y con ella le cubre la cabeza en un intento de asfixia a Rodríguez Martínez quien se ve cómo se convulsiona en su silla. [video width="1200" height="800" mp4="//cdn.proceso.com.mx/media/2016/05/tortura.mp4"][/video] El 9 de abril de 2014, Miguel Ángel Contreras Nieto y Damián Canales Mena, entonces titulares de la PGJEM y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presentaron a la prensa un video del mismo Silverio Rodríguez Martínez, con la misma camisa azul de manga corta, escoltado por dos policías. Lo presentaron como presunto secuestrador de 33 años de edad, integrante de un grupo delictivo de 12 personas que delinquía en la región de Jilotepec y Chapa de Mota. Recordaron que el compromiso de los servidores públicos era “acabar con el flagelo” del secuestro, y que los secuestradores detenidos por las autoridades mexiquenses “recibirán la sanción penal que su execrable conducta merece”. De acuerdo con Aristegui Noticias, el presunto verdugo fungió como director de Operaciones Especiales de la PGJEM entre 2009 y agosto de 2015, cuando pasó a trabajar a la Procuraduría General de la República (PGR). Fue cesado de su puesto el pasado jueves. En marzo de 2015, después de entregar su informe sobre la situación del país en materia de tortura, Juan Méndez recibió una embestida por parte del gobierno mexicano. Juan Manuel Gómez Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, calificó al experto de “muy irresponsable y poco ético”, y tachó el informe de “un poquitín banquetero”. Quince días después, el actual secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña –entonces canciller-- respaldó a Gomez Robledo; declaró: “Suscribo todos y cada uno de sus términos”. Méndez explicó a Proceso en su edición 2005, que después de presentar su informe al gobierno –pero antes de hacerlo público--, recibió llamadas telefónicas de funcionarios mexicanos “en las que muy insistentemente se me pedía que no dijera que la tortura era generalizada”. En su informe, Méndez deploró que no existen cifras oficiales en materia de tortura. Señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó 11 mil 608 quejas por tortura y malos tratos entre 2006 y abril de 2014; la del Distrito Federal, 386 entre 2011 y febrero de 2014, y la sociedad civil informó de "más de 500 casos" documentados entre 2006 y 2014. También citó una encuesta efectuada en 2012 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la cual arrojó que 57.2% de los detenidos en centros federales afirmó haber sido golpeado durante la detención, mientras 34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión. El 9 de octubre siguiente, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura condenó a México por las torturas cometidas por militares contra cuatro hombres en Baja California, en 2009. Durante años, Proceso, otros medios y organizaciones de la sociedad civil han documentado centenares de casos de tortura perpetrados por policías de las tres órdenes de gobierno, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y procuradurías estatales, así como de militares. Las autoridades siempre han minimizado las denuncias, o las han negado. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Ayotzinapa, en el que varios de los testigos protegidos y personas detenidos sufrieron tortura antes de emitir sus declaraciones a las autoridades. En su informe final sobre la investigación de Ayotzinapa, entregado el pasado 26 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó que en una muestra de 17 detenidos –cinco presuntos integrantes de Guerreros Unidos, siete policías de Cocula y cuatro de Iguala--, “en todos los casos hay indicios significativos de que fueron víctimas de malos tratos y tortura”. Estas revelaciones no cambiaron la actitud del gobierno federal, el cual se aferró a su “verdad histórica”, fundamentada en declaraciones obtenidas bajo tortura. El pasado 14 de abril se viralizó el video de la tortura de Elvira Santibáñez, de 21 años, perpetrada por militares y policías federales en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente, Guerrero, después de un operativo conjunto llevado a cabo el 4 de febrero de 2015. En el video de 4 minutos, difundido a través de Youtube, se puede observar cómo la soldado Dulce Elena Reyes Ramos, en compañía de policías federales y militares, golpea, asfixia y amenaza con su arma de alto calibre a la interrogada. Ella está sentada en un piso de tierra, descalza y con el rostro cubierto al parecer con una camiseta; llora y suplica que no la lastimen. La amplia difusión del video, en México y a nivel internacional, obligó las autoridades a admitir lo sucedido. Dos días después de su revelación, Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), tuvo que pedir disculpas públicas por “los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses”. Los militares fueron detenidos por el delito de desobediencia. Sin embargo, el pasado 22 de abril, la soldado Reyes Ramos declaró ante el Juzgado Quinto de Distrito que ella era “soldado raso” y que respetaba una cadena de mando, como lo relató Proceso en su edición 2060. "Me permito mencionarles que la serie de acusaciones que me imputan son totalmente falsas, ya que yo soy soldado de Policía Militar y por tanto nunca estoy sola, siempre hay algún compañero, algún superior que me supervisa, ya que soy el último en el escalafón de jerarquías”, planteó. Tres integrantes de la Policía Federal y dos militares se encuentran presos por el caso de tortura de Ajuchitlán. En una entrevista que concedió a la cadena Univisión el pasado 17 de abril, Hillay Clinton, excanciller estadunidense y candidata demócrata a la presidencia reaccionó al video al poner en duda que “violar los derechos sea la mejor manera para que (México) esté en posición de derrotar a los carteles criminales”. Llamó al gobierno mexicano a “darse cuenta que tienen que imponer altos estándares para los funcionarios gubernamentales que tienen poder judicial o militar”.