CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una reunión a puerta cerrada, la procuradora general de la República, Arely Gómez González, se comprometió con los padres de familia a continuar investigando sobre la posibilidad de que fue intencional el incendio registrado en un inmueble de la Secretaría de Hacienda sonorense, el cual se extendió hasta la guardería ABC, de Hermosillo, ocasionando la muerte a 49 menores de edad. Los niños fallecieron en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, desde entonces, sin éxito, sus padres de familia hacen el mismo señalamiento. Al término de la reunión sostenida este día Gabriel Alvarado, abogado de los padres de familia, informó que una empresa texana realizará un peritaje de fuego para saber si el incendio fue provocado. La firma estadunidense pidió tres meses de plazo para tener listos los resultados del peritaje. Ello, debido a que los padres de familia de los menores insisten en que el incendio en que murieron sus hijos fue de manera intencional. Además, la empresa se encargará de elaborar un dictamen pericial y el video sobre un experimento científico, el cual se realizará con el fin de que se sostenga la conclusión de que incendio fue provocado. Apenas el pasado 14 de mayo, después de siete años de ocurrida la tragedia, el juez Primero de Distrito en el estado de Sonora sentenció por el delito de homicidio a 19 exservidores públicos, entre estatales, municipales y encargados del establecimiento. El juzgador consideró que existían los elementos suficientes para dictar sentencias que van de los 20 a los 29 años de prisión. La pena máxima fue para Nohemí López Sánchez, en ese tiempo jefa del Departamento de Guarderías, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS. También fueron sentenciados César Arturo Leyva, delegado en Sonora del IMSS; Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido, representante legal y secretario de administración de la guardería, respectivamente, quienes alcanzaron 28 años de prisión. Por su parte, la titular de la PGR ofreció a los padres y representantes de los menores afectados que se castigará a todos los que resulten penalmente responsables y que los daños del delito serán debidamente reparados. El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, afirmó que instruyó para que se realicen las diligencias pertinentes con el fin de determinar el móvil de los hechos.