Padres de los 43 emplazan a la PGR a separar del cargo a Tomás Zerón e investigarlo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, emplazaron a la procuradora General de la República, Arely Gómez, a separar de su cargo al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),Tomás Zerón de Lucio –quien no estuvo presente en la reunión -- para que sea investigado por las actuaciones irregulares en las investigaciones de este caso. En conferencia de prensa después de sostener una reunión de más de dos horas con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), los padres de familia acompañados de sus abogados Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan; y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; denunciaron que la cancillería está poniendo obstáculos a la creación de un mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Rosales indicó que después de la salida de este equipo, ocurrida el pasado 30 de abril, en esta nueva etapa que se inicia con la Procuraduría, en el proceso de la investigación, la exigencia es que sea con verdad. “Para que eso pueda darnos confianza, exigimos, la salida de Tomás Zerón de Lucio, encargado de la investigación. Mientras él no salga para nosotros no hay confianza en las indagatorias”, señaló. Además de que hay detenciones efectuadas recientemente, sin que los padres de familia hayan tenido conocimiento. El próximo 21 de mayo la CIDH definirá en Washington los lineamientos del mecanismo de monitoreo del caso, encuentro en el que participarán los representantes de los padres y la Cancillería, así como los comisionados presididos por James Cavallaro. Hasta ahora, los padres, a través de sus representantes, han solicitado a la CIDH que el seguimiento que se dé incluya a uno o dos expertos con facultades de revisar los expedientes del caso así como entrevistar a procesados en el mismo, incluyendo las visitas continuas al país. Frente a esta posición, Santiago Aguirre señaló que el Estado mexicano envió un documento en el que pidió que la supervisión de las recomendaciones del GIEI, que forman parte de las medidas cautelares emitidas por la CIDH, se realice “un seguimiento ordinario, por escrito, en envíos de información cada seis meses”. Aguirre resaltó que este jueves se reunirán con la canciller, Claudia Ruiz Massieu, para exponerle el planteamiento de los padres y “ella demuestre si es cierto que está a favor de los derechos humanos”. El abogado recordó que la asistencia técnica aportada por el GIEI fue solicitada por el Estado mexicano a través de la Cancillería, por lo que llamó a Ruiz Massieu a actuar “conforme al compromiso expresado ante la CIDH, quien tiene la última palabra para decidir el tipo de monitoreo que llevará a cabo, y que de entrada ya advirtió será de carácter extraordinario. Los padres informaron que durante la reunión, Gómez se comprometió a entregarles un informe sobre el caso Ayotzinapa, del que sólo hizo referencia verbal, y que contendría las diversas actuaciones realizadas durante el tiempo en que la PGR ha tomado el caso. Dicho informe no se entregó este día como se tenía previsto, ya que derivado de la reunión se manifestaron nuevos elementos como prospectiva de la investigación y, que serán incorporados a dicho documento (datos como el plan de búsqueda y el uso de tecnologías entre otras la identificada como LIDAR), una vez incluidos se les entregará a la brevedad y sé hará de conocimiento público la entrega. Fuera de las instalaciones de la dependencia, los padres de los normalistas desaparecidos dieron a conocer una serie de cuestionamientos y demandas, entre ellas la solicitud de separación del cargo de Zerón de Lucio, que tendrían que ser respondidas en un plazo máximo de 15 días, en que se volverá a llevar a cabo un nuevo encuentro. Los cuestionamientos surgieron a partir del último informe del GIEI en el que se evidenció que contrario a lo que aseguró el exprocurador Jesús Murillo Karam de que los teléfonos celulares de los estudiantes habían sido calcinados con ellos en el basurero de Cocula, al menos siete aparatos correspondientes a los normalistas siguieron operando horas y días después de la fecha y hora en que según la verdad histórica fueron cremados. Los padres exigieron la integración de todas las averiguaciones previas que tienen que ver con el caso Ayotzinapa, y que son del conocimiento de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), propiciando la fragmentación de la indagatoria, sin contar con que los representantes están impedidos para consultar esos expedientes que no obstante han sido filtrados a algunos medios de comunicación. Los padres pidieron a Gómez información pormenorizada de las supuestas investigaciones por tortura sufridas por al menos 17 de los procesados, cinco de los cuales sostienen la “verdad histórica”, según el informe del GIEI, además de que pidieron avances de la integración de las líneas de investigación delineadas por los expertos independientes, como sería la de la participación de policías municipales de Huitzuco en la desaparición. Los voceros de los padres Mario González, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega y Emiliano Navarrete, mostraron su molestia porque Gómez no dio respuesta a su petición de separar a Zerón de Lucio de su cargo en tanto es investigado por asuntos internos de la PGR, lo que para los padres genera desconfianza. Mario González urgió a separar a Zerón para “que deje de manosear el caso Ayotzinapa, dice la procuradora que tiene que respetar sus derechos humanos pero se le olvida que ha violado los derechos de 45 familias al sembrar pruebas”. Felipe de la Cruz apuntó en que el caso no va a avanzar “mientras se sigan realizando detenciones que tienen que ver con el caso Ayotzinapa a los que nuestros abogados no tengan acceso, y en cambio sí lo tengan los medios de comunicación”, como las recientes detenciones de José Santos Gonzaga y José Luis Ramírez, procesados por ser integrantes de Guerreros Unidos, declaraciones que al no tienen acceso sus familiares. Melitón Ortega resaltó que después de los informes del GIEI “no se puede simular que no ha pasado nada, es necesario que se castigue a los funcionarios que incurrieron en anomalías para corregir las investigaciones”. Por su parte Emiliano Navarrete insistió en que mientras las líneas de investigación aportadas por el GIEI no sean tomadas en cuenta, “no vamos a avanzar, mientras se empecinen en cerrar el caso en el basurero de Cocula”. Este martes 17, la PGR convocó a las 15:00 horas, a conferencia de prensa con el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, sobre la reunión que sostuvo la procuradora con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cerca de dos horas después, se canceló de última hora por acuerdo con los padres de los normalistas. Por su parte, en un video de apenas 1.26 minutos, que la PGR envió a medios, apenas se alcanza a escuchar uno de los reclamos: “No se ha fincado responsabilidad a quienes dispararon…”, dijo uno de los padres de uno de los desaparecidos.

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