SALTILLO, Coah. (apro).- Campesinos del ejido El Bajío de Caborca, Sonora, demandaron penalmente a Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora Claudia Pavlovich, por el robo de solución química rica en oro, y a funcionarios del Tribunal Agrario del distrito 28 por beneficiar con argucias legales a la minera estadunidense Penmont. El pasado martes 17 “presentamos denuncia penal en la Procuraduría General de la República contra el magistrado del Tribunal Agrario Distrito 28 Benjamín Arellano Navarro, contra el secretario de acuerdos Carlos Eduardo Meza Rojas y el actuario adscrito Jesús Arnoldo Vázquez Quintero”, informó este jueves el abogado Jesús Thomas, representante legal de los campesinos. En entrevista telefónica, el abogado destacó que el delito cometido por los funcionarios es “actuar y emitir resoluciones contra constancias y conceder ventajas indebidas a la minera Penmont”. Y dijo que también presentaron denuncia penal contra Rafael Pavlovich Durazo y otros individuos “por el delito de robo de la solución cianurada rica en oro que se encontraba en los estanques de lixiviación ubicados en el ejido El Bajío, y además porque continúan saqueando tierra que contiene mineral de oro”. Jesús Thomas mencionó que en breve también presentarán otra denuncia contra el agente del Ministerio Publico que integró la averiguación que derivó en el despojó y prisión de cinco campesinos de origen mixteco. El abogado precisó que la demanda será por múltiples conductas que son constitutivas de delito, entre ellos la tortura y el robo de pertenencias de las personas detenidas, ya que el día de su captura las autoridades se llevaron cinco vehículos del poblado, que no se pusieron a disposición del juez ni los ha regresado a sus dueños y hasta ahora están desaparecidos. Señaló que también presentarán queja y denuncias contra los agentes de la Policía Estatal Investigadora destacamentados en las bases de Caborca y Puerto Peñasco, ya que han continuado con el hostigamiento contra los campesinos a quienes llaman "Oaxacas" y les exigen “que se vayan a su país”. Los terrenos del ejido El Bajío fueron invadidos ilegalmente por la minera Penmont, socia de la mexicana Minera Herradura, propiedad de Alberto Bailleres, que durante aproximadamente 17 años sacó oro ilegalmente de los terrenos del ejido. Antes del usufructo ilegal de sus terrenos, los campesinos mantuvieron un largo litigio que derivó en 67 sentencias a favor del ejido, en las que se ordenaba a la minera restituir los terrenos, pagar los daños y perjuicios en favor de los ejidatarios y devolver el oro extraído ilegalmente. En el expediente 536/2013 del Tribunal Agrario de Noviembre de 2014 se obliga a Minera Penmont a pagar sólo por la devolución del oro más de 334 millones de dólares, que hasta ahora no ha cubierto.