CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la preocupante crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, así como defensores, académicos y organizaciones sociales de todo el mundo, urgieron a los gobiernos del continente americano a rescatar el organismo y hacer valer su compromiso con los derechos humanos. En un comunicado Ravina Shamdasani, vocera del Alto Comisionado de la ONU, manifiesta su consternación porque “la capacidad del sistema regional de derechos humanos para responder a las víctimas de violaciones a derechos humanos en las Américas se verá seriamente disminuida” si el organismo no recibe fondos en las próximas semanas. La vocera puntualizó que “desgraciadamente, en los últimos años la Comisión ha enfrentado presiones indebidas por parte de algunos Estados”, por lo que hizo un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a “reafirmar su compromiso con los derechos humanos, aportando recursos requeridos para que pueda cumplir con su crucial mandato y para fortalecer a esta institución clave”. Al señalar que la labor de la CIDH “debería ser alentada no castigada”, la representante de la ONU describió al organismo “como agente de cambios constitucionales, legislativos y de políticas públicas”, generando un “fuerte impacto en los derechos humanos en la región y más allá”. Tras resaltar su papel en defensa de los grupos vulnerables de la región, la vocera recordó que la Comisión es “un socio estratégico de las Oficinas de Derechos Humanos de la ONU en la región y un punto de referencia para el desarrollo de estándares de derechos humanos a nivel mundial”. Por otra parte, en una carta dirigida a Luis Almagro Lemes, secretario general de la Asamblea General de la OEA, a la propia Asamblea General y a donantes internacionales, defensores, académicos y organizaciones sociales de todo el mundo, advirtieron que de concretarse los recortes de 40% del personal de la CIDH debido a la crisis, el impacto en “la protección y promoción de derechos humanos en los 35 Estados miembros de la OEA será devastador”. La misiva, firmada por personalidades como Juan Méndez, relator especial de la Tortura de la ONU, Ariel Dulitzky, miembro del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, Víctor Abramovich, exmiembro de la CIDH, y sir Nigel Rodley , entre muchos otros, emplaza a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA no sólo a evitar la pérdida de 30 de los 78 puestos laborales que tiene el organismo, sino a demostrar sus compromisos internacionales, aportando recursos a más tardar el próximo 15 de junio. “Si los derechos humanos son importantes para los Estados, tal y como los Estados miembros de la OEA declararan solemnemente al ratificar tratados internacionales, en sus constituciones y en su legislación, deben demostrar eso política y financieramente”, señalan los firmantes tras puntualizar que un organismo regional “no puede seguir dependiendo de fuentes externas de financiamiento. El financiamiento debe provenir de los Estados miembros de la OEA”. Casi 10 mil peticiones pendientes Los especialistas destacan que en la actualidad la Comisión “se enfrenta a una grave acumulación de casos pendientes que dificultan el derecho de las víctimas a la justicia internacional”, y recuerdan que al concluir 2015 la CIDH tenía 9 mil 673 peticiones pendientes de evaluación, en tanto que mil 902, estaban en la etapa de admisibilidad o de estudio de fondo. Por lo anterior, perder al 40% del personal significaría perder la capacidad de procesar dichas peticiones, “con consecuencias devastadoras para las víctimas para quienes, en muchas ocasiones el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la única esperanza de obtener justicia”. La pérdida del personal afectaría también a la capacidad de la CIDH para dictar medidas cautelares, pues 80% de los 30 elementos que se darían de baja, son responsables de la tramitación de esas medidas, sin contar con la cancelación de audiencias programadas para este año. Los firmantes insistieron en que la crisis financiera “amenaza con desmantelar la institución de derechos humanos más importante de las Américas”, creada en 1959 por los estados miembros de la OEA, y que ha documentado las graves violaciones registradas en el continente, además de que “ha sido promotora activa de respuestas innovadoras a crisis de derechos humanos”, como lo es la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los firmantes hicieron un llamado también a fortalecer financieramente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo presidente denunció en marzo ante el Consejo Permanente de la OEA que “operaba con el menor presupuesto que cualquier tribunal internacional”, y que perdió el 25% de su presupuesto “luego del retiro de financiamiento por parte de donantes internacionales”. Ante ese panorama los signatarios llaman a los gobiernos de los Estados a hacer “donaciones urgentes que permitan, al menos mantener el número actual de personal y adelantar las actividades planeadas a la fecha”, así como mantener “un adecuado financiamiento del fondo regular de la OEA destinado a la Comisión así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a un nivel que corresponda con la gran carga de trabajo e importancia institucional del trabajo de estos órganos”. La carta dirigida al secretario general de la OEA, a los Estados miembros y a los donantes internacionales está firmada entre otras personalidades por Cathy Abisa, directora ejecutiva de la National Economic & Social Rights Initiative; Philip Alston, codirector adjunto de Center of Human Rights and Global Justice, de la Universidad de Nueva York; Sabrineh Ardalan, subdirector del Harvard Immigration and Refugee Clinical Program, de la Universidad de Harvard; Larissa Arroyo Navarrete presidente de la organización Acceder, de Costa Rica; María Luisa Bartlolomei, subdirectora del Institute of Latin America Studies, de la Universidad de Estocolmo, Suecia; Juan Pablo Chaves, fiscal de Colombia; Magdalena Cervantes Alcayde, coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la UNAM; Shohini Caudhuri, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, del Reino Unido, entre otros especialistas. Entre las organizaciones sociales firman la petición el Instituto Caribeño de Derechos Humanos; el Institute for Justice & Democracy de Haiti; Human Rights Advocates de Estados Unidos; Friends of de African Union; Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, de Bueno Aires.