'Hasta nuevo aviso” la discusión sobre Leyes Anticorrupción

lunes, 30 de mayo de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En contra de lo anunciado por la Junta de Coordinación Política del Senado, las comisiones unidas citadas este lunes 30 de mayo para iniciar la dictaminación de las siete iniciativas de ley que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción cancelaron “hasta nuevo aviso” sus trabajos, según un breve comunicado de la Comisión de Justicia. Otras versiones indican que los trabajos de comisiones se posponen para el próximo jueves, según fuentes internas del Senado, pero otros indican que las diferencias “insalvables” entre la posición del PRI y Verde, frente a la del bloque PAN-PRD podrían llevar los trabajos de dictaminación hasta después de las elecciones estatales del 5 de junio. El anuncio generó descontento entre los representantes de organizaciones empresariales y ciudadanas, impulsores de la iniciativa conocida como Ley 3 de 3, que acudieron al Senado para participar en la primera ronda de discusiones sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana, recordó que tampoco se respetó el plazo constitucional del 28 de mayo pasado para aprobar las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción. “Acudimos a la convocatoria del Senado, esperamos por un tiempo razonable. Al no instalarse las comisiones unidas, dejamos una guardia en el Senado y nos retiramos, hasta ser convocados nuevamente”, abundó en breves declaraciones. La diferencia fundamental radica en la obligatoriedad de los funcionarios públicos, incluyendo a los legisladores, para dar a conocer sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal de manera completa. La iniciativa del PRI y del Partido Verde plantea que serán públicos siempre y cuando exista la “autorización” del titular de la información. El PRD y el PAN argumentan que esto es lo mismo que hay hasta ahora. Ambos partidos plantean que sean obligatorias y sólo se mantengan reservados los datos privados. Otra diferencia, radicada también en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es la pretensión del bloque PRI y Verde de ponerle una “camisa de fuerza” a la Auditoría Superior de la Federación para investigar y sancionar, subordinándola a los órganos internos de control que dependen de los titulares de cada dependencia que deben ser investigados.

Comentarios