CIUDAD DE MEXICO (apro).- Apoyados en una grabación obtenida de manera ilegal, de lo que se han quejado cuando les afecta, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) formalizaron hoy una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto uso electoral del programa Prospera en Veracruz. Hace dos días, los presidentes de estos partidos, Ricardo Anaya y Agustín Basave, difundieron un audio con el que aseguran que el delegado de Prospera en Veracruz, Alejandro Baquedano, y el diputado priista Raúl Zarrabal Ferat usan ese programa social para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI). La denuncia fue presentada hoy por el coordinador jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Eduardo Aguilar Sierra, contra Baquedano Sánchez y el diputado local priista Zarrabal Ferat, a quienes se les escucha en una grabación explicando cómo utilizar el Programa para que los beneficiarios voten por el PRI. En los audios que forman parte de la denuncia se escucha a Baquedano y Zarrabal explicar la forma en la que se utilizaría el programa social para beneficiar electoralmente al PRI y burlar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). “De las evidencias aportadas en el presente asunto se acreditará fehacientemente la violación de los principios de certeza, imparcialidad, dependencia, legalidad y objetividad que deben regir todo proceso electoral con la comisión de conductas tipificadas y sancionable”, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, el 449 de la legislación secundaria en Materia Electoral, y los artículos 5, 7 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Esta evidencia, según informó el PAN, constituye “una confesión expresa del uso de programas sociales con la finalidad de obtener votos a favor el Partido Revolucionario Institucional”. Por ello, en la denuncia PAN y PRD piden que, además de la destitución e inhabilitación para ocupar cargos en el servicio público, Baquedado y Zarrabal puedan ser acreedores de multas económicas que van de los cincuenta a los cuatrocientos días, así como prisión de hasta nueve años.