CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización civil México Evalúa denunció este día la opacidad y el derroche que imperan en los proyectos de obra pública del país, donde documentó la existencia de al menos 13 hospitales abandonados que suponen pérdidas por 6 mil millones de pesos. La ONG acusó que en el país hay “una epidemia de hospitales abandonados” o a medio construir. Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló que hay reportes periodísticos que hablan de 50 y otros hasta de un centenar de casos en estados como Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Yucatán. Para ilustrar las consecuencias de los bajos niveles de transparencia y de figuras de contrapeso en la contratación pública, Campos sostuvo que “nosotros identificamos 13” hospitales, los cuales tuvieron un costo que en conjunto superan “los 6 mil millones de pesos”. Lo anterior es reflejo de que “nos estamos lanzando a proyectos mal preparados, con diagnósticos muy débiles, que a la hora de la hora no tiene caso terminarlos” porque no hay quién los atienda y muchas veces responden a intereses electorales. Campos resaltó, entre otras obras emblemáticas de despilfarro, la Estela de Luz, un monumento en la Ciudad de México conmemorativo del Bicentenario de la Independencia que tuvo un costo “tres veces” superior a su presupuesto y sólo se concretó 25% del proyecto original. A la Estela de Luz se suman el Centro de Convenciones de Los Cabos, Baja California Sur, construido para la cumbre del Grupo de los 20 efectuada en junio de 2012; la nueva sede del Senado y, en la actual administración, al menos dos edificios construidos en la capital mexicana para poner en marcha los juicios orales. La experta también dio detalles de un informe sobre transparencia en obra pública elaborado por la ONG a partir de la evaluación de 64 documentos de proyectos de 100 millones de pesos o más, en su mayoría de 2014. Lo peor es que los problemas aparecen desde los diagnósticos de infraestructura, que no ofrecen un análisis objetivo ni transexenal de las necesidades de inversión física del país. Pero no es todo, pues 60% de los fallos de las licitaciones no están publicados, lo que la ONG considera “preocupante” porque se trata del principal documento de rendición de cuentas del proceso de asignación de contratos. En general, aclaró, no se cumplen las obligaciones de transparencia marcadas en la norma, lo que en la práctica eleva los riesgos de corrupción en las transacciones. Por ello, del estudio se desprende la necesidad de “una intervención multidisciplinaria” que considere al menos la implementación “de procesos con buenas prácticas de modificación de contratos, informes de administración del contrato y publicidad de auditoría interna”, así como los diagnósticos de infraestructura. Lo anterior “sería lo urgente” para disminuir la opacidad y reducir los riesgos de prácticas corruptas en la contratación pública, concluyó Mariana Campos.