CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió este lunes establecer un “pacto nacional” para encarar la “vulnerabilidad institucional” del gobierno mexicano y la “podredumbre del sistema judicial”. En su mensaje semanal, el organismo encabezado por Juan Pablo Castañón señaló: “Necesitamos un pacto nacional, un gran acuerdo para subsanar el mayor pendiente de nuestra democracia y la deuda que más gravita en su desarrollo: el déficit de estado de derecho”. Para la iniciativa privada también es la variable que más afecta la competitividad económica, la inversión y, crecientemente, la imagen, el prestigio y la confianza que existe respecto de México a nivel internacional. Según el CCE, en lo que va del año se han registrado casi 4 mil homicidios relacionados con el crimen organizado, y ocho de cada 10 mexicanos admiten inseguridad en las calles. Además, tres de cada 10 empresas han sido víctimas de delitos, fenómeno que ha tenido un costo anual de alrededor de 110 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, las denuncias de violaciones a derechos humanos han vuelto a colocarse entre las mayores preocupaciones en la opinión pública del país y de organizaciones e instancias internacionales en su relación con México. Castañón aseguró que la impunidad persistente alimenta la reproducción de todos estos males. “Mientras mantengamos niveles de sanción de tan sólo 1%, difícilmente lograremos una reducción sustantiva en la incidencia del delito”, advirtió. La podredumbre del sistema judicial mexicano va más allá y los empresarios organizados pusieron el dedo en la llaga: “Menos de 10% de los delitos se denuncian, por desconfianza o la consideración de que es inútil, y la mitad queda archivada o traspapelada en los ministerios públicos. Son recurrentes las prácticas como la tortura, la fabricación de pruebas y los testigos aleccionados. Tenemos, además, uno de los sistemas penitenciarios más descompuestos e ineficaces del mundo, con una sobrepoblación de más de 30% en promedio, lo que significa que hay penales que están sobrepoblados hasta cerca de 100%”, denunció el líder de la IP. Juan Pablo Castañón recordó la frecuencia de los casos en que se libera a secuestradores y criminales de alto impacto por ineficiencias de procedimiento y, de la misma forma, las situaciones de ver a gente que está en las cárceles con delitos menores esperando una sentencia. Y luego lanzó: “Mientras que cerca de 40% de la población carcelaria está presa sin sentencia y 60% por delitos como robo de menos de 11 mil pesos, los grandes escándalos de corrupción rara vez se investigan y llegan a consecuencias, salvo casos aislados, que muchas veces tienen tintes políticos. Ahí hay que buscar algunas de las causas que están en la raíz de fenómenos como los inaceptables linchamientos que se han presentado”. Urge reforma a fondo Según la cúpula empresarial, el llamado es claro: “En México urge emprender una reforma a fondo de la procuración de justicia, que es la piedra angular de la democracia y función básica y prioritaria de cualquier Estado. En ese México que queremos construir, necesitamos reforzar nuestra exigencia de un estado de derecho sólido y fuerte, que genere confianza”. También advirtió que “el próximo 18 de junio debe entrar en operación, a nivel federal y estatal, el nuevo sistema penal dispuesto por la reforma de justicia del 2008, una de las más trascendentes en la historia de México, porque implica transitar de un sistema de corte inquisitivo, caracterizado por la opacidad, a uno acusatorio, basado en la presunción de inocencia y en procesos abiertos y transparentes, con juicios orales”. Sin embargo, alertó que de no haber una mejora en el ritmo de implementación, el nuevo sistema penal acusatorio podría estar plenamente consolidado hasta el año 2027, es decir, dentro de 11 años.