CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Herida, indemnizar a familiares de una interna que falleció por falta de atención médica en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, en Coatlán del Río, Morelos. Este miércoles el organismo hizo pública la recomendación 27/2016 dirigida al titular de la CNS tras el fallecimiento –el pasado 22 de diciembre– de una mujer que padecía diabetes mellitus tipo II, hechos por los que el comisionado tendrá que colaborar en la denuncia presentada por la CNDH ante la Procuraduría General de la República (PGR). En la investigación, el organismo recabó testimonios de tres internas, quienes denunciaron que desde la llegada de la víctima, el 15 de diciembre de 2015, “hasta el 21 de diciembre de ese mismo año, solicitó su medicamento a base de insulina dos veces al día, pues era diabética, sin embargo, no le fue proporcionado, percatándose que ya no se levantaba de la cama”. Otra interna que presentó la queja corroboró que la víctima informó que se sentía mal sin recibir atención médica. De acuerdo con la CNDH, la víctima fue trasladada del Centro Federal Femenil (Cefefe) Noroeste de Tepic, Nayarit, al Cefereso 16 el 15 de diciembre, y en las primeras horas del día siguiente se le practicó un estudio psicofísico. En ese momento se detectó que era diabética. “El días 19, la interna fue valorada por el médico del Centro, quien la encontró en cama y síndrome gripal, entre otros síntomas, prescribiéndose medicamento oral”, señaló la CNDH. Tres días después, la mujer fue atendida nuevamente en su estancia de manera urgente, se le diagnosticó “coma diabético” y se ordenó su traslado a un centro hospitalario “por no contar con recursos necesarios en este momento”. A las 11:00 la mujer fue ingresada a la Unidad Médico Familiar 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “inconsciente, sin signos vitales a su llegada”, establece la nota médica donde se indica que le dieron “maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 25 minutos sin obtener signos vitales detectables, ni manualmente, ni por el monitor”, por lo que se dio aviso al Ministerio Público. En el acta de defunción del 22 de diciembre se estableció como causa de muerte “choque hipovolémico de 1H y coma diabético de 24 horas, cetoacidosis diabética de 24 horas, hipertensión arterial de 48 horas, diabetes mellitus tipo dos descontrolada de 48 horas”. La CNDH certificó que para atender a la población interna de más de mil personas, el Cefereso 16 cuenta con cuatro médicos generales, seis enfermeras, tres auxiliares de enfermería, tres químicos y cinco odontólogos. Al concluir su investigación el organismo acreditó que “se vulneraron los derechos humanos a la protección a la salud, y como consecuencia la pérdida de vida por acciones u omisiones del personal médico del penal, que no la atendió de forma adecuada y oportuna ante los padecimientos que presentaba”. La CNDH recomendó a la CNS reparar de forma integral a los familiares de la víctima por los daños causados, a través de una compensación y el pago de gastos funerarios, así como gestionar ante la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación (Segob) que se proporcione al Cefereso 16 “personal médico especializado y medicamentos para el manejo adecuado, oportuno y suficiente, a fin de cubrir las necesidades de promoción y conservación de la salud de la población interna”. A Sales Herida el organismo también le pidió su colaboración “en el inicio de queja y denuncia que promueva ante el Órgano Interno de Control, en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob y la PGR, respectivamente, contra las autoridades responsables”. Además el comisionado nacional deberá “capacitar al personal de los Ceferesos para que atienda los casos médicos de urgencia y se garantice el irrestricto respeto a los derechos humanos de los internos”. Cabe destacar que no son nuevos los señalamientos de malos tratos contra las internas de este Cefereso, con una capacidad para más de 2 mil 500 internas e inaugurado en septiembre del año pasado. El 13 marzo organizaciones de derechos humanos denunciaron la muerte de una mujer de aproximadamente 50 años y de otra que resultó lesionada de gravedad debido a los malos tratos y tortura. Según el escrito, las internas fueron víctimas de abusos desde que fueron trasladadas a los penales, en diciembre de 2015 y febrero de 2016, respectivamente. En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y Jass, Asociadas por lo Justo, señalaron haber recibido información de familiares de reclusas, “muchas de las cuales ahora se encuentran amenazadas por denunciar los hechos”. De acuerdo con esa información, las mujeres denunciaron ante la CNDH sometimientos mediante descargas eléctricas, golpes, tocamientos e incomunicación, así como falta de atención médica.