CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fracaso de la propuesta de que se hicieran públicas las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, tal como se propuso en la #Ley3de3 tiene, del lado de los legisladores de oposición, responsables con nombre y apellido. En total, 14 senadores del PT, PAN y PRD o bien no votaron, se abstuvieron o no asistieron a la sesión. Por el PT no sufragaron a favor de la iniciativa ciudadana el poblano Manuel Bartlett, la campechana Layda Sansores, el zacatecano Héctor Menchaca y la tlaxcalteca Martha Palafox, los cuatro, abiertos simpatizantes y activistas de Morena. Tampoco sufragaron el tabasqueño Carlos Merino y el bajacaliforniano Marco Antonio Blásquez. La sonorense Ana Gabriela Guevara se abstuvo. Los legisladores del PAN, el colimense Jorge Luis Preciado y el sonorense Héctor Larios no se presentaron al momento de la votación, mientras que el jalisciense José María Martínez y la tlaxcalteca Adriana Dávila no asistieron. Finalmente, por el PRD no votaron, aunque estuvieron presentes: la quintanarroense Luz María Beristain, la tlaxcalteca Alejandra Roldán y el oaxaqueño Benjamín Robles. La Cámara de Senadores desechó el miércoles por 59 votos en contra (52 del PRI, seis del Partido Verde y un independiente) por 51 a favor (34 del PAN, 16 del PRD y un independiente) la iniciativa ciudadana. Con sólo nueve sufragios más de la oposición se hubiera revertido la votación. El punto medular de la discusión estuvo en el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Públicas. El PRI y el Partido Verde incorporaron un “adéndum” a dicho artículo –el centro de la demanda de la llamada #Ley3de3–, en el que se señala que estas declaraciones serán públicas, “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. El “adéndum” del PRI y el Partido Verde le transfiere al Comité de Participación Ciudadana –que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción– la responsabilidad de emitir los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes. Con esta reforma “se abre la puerta para que las leyes dispongan de manera discrecional a quién no se le podrán imponer responsabilidades”, destacó la senadora independiente Martha Tagle, una de las más firmes defensoras de la obligatoriedad de la #Ley3de3.