CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil, académicos y empresarios solicitaron a la Cámara de Diputados hacer modificaciones a la Ley General de Responsabilidades, conocida como Ley 3 de 3, para que México cuente con un marco jurídico robusto y eficaz para combatir la corrupción, “que afecta profundamente el bienestar social y en particular a los menos favorecidos de la sociedad”. En una carta dirigida al presidente de la Cámara baja, José de Jesús Zambrano Grijalva, los peticionarios reconocieron que el paquete de leyes secundarias aprobadas por el Senado son “un avance sustantivo en la construcción del andamiaje normativo e institucional que requiere México para combatir la corrupción de manera efectiva”, sin embargo, consideraron necesario cambiar los términos del artículo 29 de la mencionada ley. El documento destaca que dentro de los avances logrados está el fortalecimiento de pesos y contrapesos a través de la coordinación entre instituciones que se ocupan conjuntamente de prevenir, investigar, corregir y sancionar los actos de corrupción, con la participación de ciudadanos que presidirán el Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, la existencia de mecanismos, seguimiento y evaluación capaces de generar inteligencia institucional para corregir las causas que generan los actos de corrupción, y la creación de un secretariado técnico robusto capaz de producir y gestionar información necesaria para evaluar la política nacional anticorrupción y emitir recomendaciones de mejora. Añade la carta: “Es en congruencia con el alcance y trascendencia de estas reformas que las organizaciones académicas y de la sociedad civil consideramos pertinente que la Cámara de Diputados, en su carácter de colegisladora, considere las siguientes preocupaciones puntuales derivadas del dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: “1. La eliminación de los contenidos mínimos de la declaración patrimonial y de intereses que los servidores públicos habrían de presentar ante las autoridades competentes para poder establecer mecanismos de seguimiento de la evolución patrimonial y evitar conflictos de interés. Consideramos que contar con un asidero jurídico brindaría certeza, generaría obligaciones comunes en los tres niveles de gobierno y facilitaría la labor del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es por ello que les pedimos, como revisores de este marco jurídico, cambien los términos del artículo 29 de la ley en mención. “2. La inclusión de último momento de la disposición contemplada en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades mediante la cual, sin diagnóstico previo y sin ninguna racionalidad aparente, donde se obliga a la declaración patrimonial, de intereses y fiscal a las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o contraten bajo cualquier modalidad con entes públicos además de aquéllas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales que tengan tratos con el gobierno. Una legislación de esta naturaleza implica, por ejemplo, que aquellos estudiantes que reciban becas a través del CONACYT, o los beneficiarios de programas para adultos mayores, tendrían que presentar estas tres declaraciones. “Consideramos que esta disposición es un contrasentido. El gobierno ya cuenta con un sistema de información suficiente sobre los ciudadanos –sus declaraciones fiscales– y por el mandato de sus funcionarios y representantes, es el gobierno quien debe rendir cuentas a la soberanía. “Creemos que esta disposición carece de viabilidad técnica, obstaculiza el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción. Por ello, conminamos a los diputados a que, en ejercicio de sus atribuciones como Cámara revisora, eliminen el artículo 32 en mención de la minuta de la Ley General de Responsabilidades que tienen en estos momentos bajo su análisis”. Luego de reconocer el trabajo, diálogo y apertura mostrada por los legisladores en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, los firmantes solicitan “respetuosamente” a los legisladores, miembros de esta cámara revisora, consideren las observaciones compartidas. Remata el escrito: “El país exige contar con un marco jurídico robusto y eficaz para combatir este mal, la corrupción, que afecta profundamente el bienestar social y en particular a los menos favorecidos de la sociedad. Confiamos en que honrarán su compromiso como representantes de la ciudadanía”. La misiva está firmada por Javier Angulo (CIDE), Óscar Arredondo (Fundar), Guillermo Ávila (Fundar), Eduardo Bohórquez (Transparencia Mexicana), Mercurio Cadena (CIDE), Enrique Cárdenas (Centro de Estudios Espinosa Yglesias), María Amparo Casar (Mexicanos Contra la Corrupción), Enrique Díaz-Infante (Centro de Estudios Espinosa Yglesias), Marco Fernández (México Evalúa y Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey) Sergio Huacuja (Barra Mexicana Colegio de Abogados), Max Kaiser (Imco), Francisco López (Coparmex), Sergio López-Ayllón (CIDE), Mauricio Merino (Red por la Rendición de Cuentas), Lourdes Morales (Red por la Rendición de Cuentas), María Elena Morera (Causa en Común), Juan Pardinas (Imco), Haydeé Pérez Garrido (Fundar), Alejandro Rios (Coparmex), José Roldán Xopa (CIDE), Pedro Salazar (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM).