Desafío, reconquistar la confianza en el sistema de justicia: Magaloni

miércoles, 22 de junio de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Contrario a lo que planteó el presidente Enrique Peña Nieto en la columna que firmó ayer en El Universal, la reforma del sistema de justicia penal no debe enfocarse a agilizar los trámites o ahorrar dinero, sino a mejorar la calidad de la impartición de justicia en México y con ello “reconquistar” la confianza de los ciudadanos, aseveró hoy la académica Ana Laura Magaloni. La investigadora, profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), presentó un amplio informe que publicó la organización México Evalúa, el cual retrata un panorama demoledor del sistema de justicia actual: según el reporte, los mexicanos desconfían en las autoridades, prefieren no denunciar los delitos y, cuando lo hacen, reciben malos tratos en las agencias del Ministerio Público. Por su parte, los agentes del Estado no respetan la presunción de inocencia y encarcelan a miles de personas sin pruebas ni condena. En su columna, Peña Nieto mencionó los costos de implementación de la reforma –18 mil millones de pesos–, el ahorro que representa para el sistema judicial y de la rapidez con la que se resuelven los casos. “¡De esto no se trata la reforma penal!”, aseveró Magaloni en referencia al texto del presidente, al añadir, durante la presentación del informe, que la reforma “no es un asunto de tiempos sino de calidad”. Según México Evalúa, el año pasado 56% de los mexicanos desconfiaba en alguna forma de la policía estatal, el 55% de la policía ministerial, 46% de los ministerios públicos y 41% de los jueces. Así, a pesar de un incremento notable en los últimos cinco años, la confianza de los mexicanos en su sistema de justicia sigue siendo negativa a nivel nacional –y se redujo en 2015–, con enormes disparidades según las entidades federativas. Resultó que en 19 de las entidades federativas, la tasa de confianza fue negativa y entre ellas, la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos tuvieron los peores indicadores. Una de las razones de la desconfianza tiene sus raíces en la crisis de violencia que sufre el país, y que el Estado resultó incapaz de revertir y a veces incluso de medir. Así, México Evalúa aseveró que los datos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en materia de homicidios dolosos sólo reflejan el número de delitos que fueron denunciados y desembocaron en una averiguación previa. Por ello, sus cifras difieren de las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): en 2014, por ejemplo, las autoridades tenían registradas 17 mil 327 víctimas de homicidios dolosos y el Inegi 20 mil 006. Lo anterior se debe a que los mexicanos denunciaron solamente 17.1% de los delitos de los que fueron víctimas en promedio, una tasa inferior al 22.5% registrado en 2010. Entre estos cuatro años, la tasa de denuncia creció en solo seis entidades, y sufrió caídas en las 26 demás. En seis de cada diez casos, la razón por la que los ciudadanos no denunciaron fue imputable a la autoridad, ya sea por considerarlo “una pérdida de tiempo”, por “desconfianza en la autoridad”, por “trámites largos y difíciles”, por “actitud hostil de la autoridad” o por “miedo a que lo secuestraran”. En 2014, las entidades donde los ciudadanos menos denunciaron los delitos fueron Guerrero –apenas 10.6%–, el Estado de México –con 14.1%–, Tamaulipas –14.7%– y Zacatecas –15.1%–. Según el estudio, el delito que más se reporta es el robo de vehículo, el cual deriva en una denuncia en 85% de los casos, pero los demás tienen tasas de denuncia escasas. Así, sólo cuatro de cada diez víctimas de secuestro acuden a la policía, una de cada tres denuncia una violación sexual, una de cada diez denuncia una extorsión y apenas 11% reporta un delito sexual. Layda Negrete, una de las autoras del informe, deploró que en México se asocien las denuncias con la criminalidad. Lo anterior, explicó, incentiva a los ministerios públicos a multiplicar las trabas para impedir que los ciudadanos denuncien o acudan a recalificar los delitos –de homicidio doloso a suicidio o muerte natural, por ejemplo–, por miedo a los regaños de los superiores. Negrete aseveró que, al contrario, una alta tasa de denuncias es sinónima de mayor confianza en las autoridades. “Es la puerta de entrada al sistema de justicia penal”, sostuvo el informe. Al acudir a los ministerios públicos surge otro problema del sistema penal: la atención. De acuerdo con el informe, sólo la mitad de los mexicanos consideraron que recibieron un trato “bueno” o “excelente”; de nuevo, existen enormes disparidades según las entidades. Así, si bien más de 70% de los chihuahuenses o sinaloenses recibieron un trato satisfactorio cuando denunciaron el delito que sufrieron, seis de cada diez capitalinos, mexiquenses y veracruzanos consideraron que la atención en el Ministerio Público fue deplorable. En el Distrito Federal y el Estado de México, por ejemplo, seis de cada diez víctimas tardaron más de tres horas en denunciar el delito. A través de los juicios orales, la reforma al sistema de justicia penal pretende transitar de un modelo de justicia inquisitiva –en la que el acusado debe demostrar su inocencia– hacia un sistema acusatorio –en el que la víctima debe evidenciar la culpa del acusado–. Y es que, en el sistema actual, la presunción de inocencia “es uno de los derechos más frecuentemente violados”, sostuvo el informe. Así, 83.6 de cada cien mil mexicanos se encuentra en “prisión preventiva”; es decir que está preso sin que la justicia lo haya condenado. En Colima, Baja California o Sinaloa la tasa rebasa los 200 por cada cien mil habitantes. Este indicador fue el único con el que contó México Evalúa para ilustrar la violación a la presunción de inocencia. La razón –que deploró la organización–: el Estado mexicano no recolecta información en la materia. A esta violación se debe sumar el uso desproporcionado a la tortura para sacar declaraciones falsas a los acusados, el cual “más que la excepción constituye la regla”, deploró el informe, al precisar que la tortura desaparece el derecho a tener un proceso penal justo. Lo anterior está agravado por la percepción que tuvo, en 2012, la mayoría de las personas encarceladas, según los cuales el juez no escuchó su defensa y fue parcial al momento de rendir su decisión. Seis de cada diez reos aseveró que la sentencia fue “totalmente injusta”. Y para las cerca de 250 mil personas encarceladas en México, las condiciones de vida se vuelven infernales dentro de los reclusorios sobrepoblados, donde los maltratos, la tortura, los abusos de autoridad y las humillaciones ocurren a diario. “Queda mucho trabajo para lograr que las cárceles en México sean espacios dignos y seguros”, asevera el informe. En el Estado de México, por ejemplo, la sobrepoblación carcelaria alcanza 170% este año. En Nayarit, se eleva a 144% y en Hidalgo, 91.77%. México Evalúa vio en Chihuahua un ejemplo de los logros de la reforma penal, la cual empezó en la entidad en 2006, ya que tiene una de las mayores tasas de denuncia y de los más altos grados de satisfacción de víctimas. Así, por ejemplo, Chihuahua vio una reducción drástica de su tasa de homicidios desde que la administración de Felipe Calderón lanzó al Ejército a realizar tareas de seguridad pública. Esta tasa pasó de 182.1 por cada 100 mil habitantes en 2010 –su nivel más alto– a 46.1 por cada 100 mil habitantes en 2014. Sin embargo, ese año la entidad permaneció en el primer lugar de mayor ocurrencia de homicidios y feminicidios, seguida por Guerrero. Y Magaloni alertó que la reforma del sistema de justicia penal “aún no es suficiente” para revertir la crisis de derechos humanos que estalló en México, marcada por abusos de fuerza y de autoridad, torturas y desapariciones.

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