CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las agresiones a periodistas que han dado cobertura a los actos de represión contra el movimiento magisterial en Oaxaca, y exigió el esclarecimiento de esos hechos que han dejado un saldo de dos reporteros asesinados el 19 de junio y la retención de otros dos durante la cobertura del martes 21. Asimismo, lamentó que derivado del movimiento magisterial en Oaxaca y en otras entidades se hayan visto vulnerados los derechos de niños y adolescentes, sobre todo su garantía a la educación, por lo que “son víctimas del conflicto y no una de las partes de éste”. Al informar sobre las acciones realizadas por su personal en Oaxaca, la CNDH reprobó los asesinatos de los reporteros Elidio Ramos Zárate y Raúl Cano López, “quienes el 19 de junio cubrían los hechos de violencia y fueron agredidos, perdiendo la vida el primero en el lugar de los hechos, mientras que el segundo murió en un hospital como consecuencia de las heridas recibidas”. El organismo expresó su solidaridad con los deudos y reiteró “la exigencia a la autoridad de que se investigue y sancione conforme a derecho a quienes resulten responsables”. La CNDH recordó que en acontecimientos como los registrados en Oaxaca, “el ejercicio a la información adquiere particular relevancia, por lo que cualquier afectación o ataque que busque inhibir su labor” debe ser repudiado e investigado, tal como ocurrió con “la retención de dos reporteros de Azteca Noticias, (que) trasciende a las víctimas directas y repercute en toda la sociedad”. En su pronunciamiento, el organismo público presidido por Luis Raúl González Pérez puntualizó que “nada justifica la pérdida de vidas humanas”, y confirmó que por los hechos ocurridos el 19 de junio registró “ocho personas fallecidas, 41 policías federales y 14 policías estatales heridos, y 53 civiles lesionados”. Al recordar que las autoridades de los tres niveles de gobierno son responsables de garantizar el pleno goce de los derechos humanos, como la libertad de expresión, la protesta social pacífica y la libre circulación, la CNDH señaló que “el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad debe ser excepcional, reservándose únicamente para casos plenamente justificados, en los que se han agotado o resultan inviables cualquier forma de disuasión o contención, y con su sujeción a los protocolos que rigen su actuación conforme a estándares internacionales”. El ombudsman agregó que “el ejercicio de todo derecho, así como el planteamiento de cualquier protesta o inconformidad, debe realizarse invariablemente de manera pacífica”, y que “la legitimidad de los reclamos debe estar demostrada con la legalidad de sus actos; por lo que no se justifica ninguna violencia como recurso de presión o imposición alguna”. El organismo llamó a las autoridades correspondientes a realizar las indagatorias “correspondientes para determinar y sancionar los ilícitos que se hubiesen cometido, de una y otra parte, en Nochixtlán, Oaxaca el pasado 19 de junio”, así como brindar a las víctimas y a los deudos “la atención y apoyo que requieran”. También convocó a las partes involucradas en el conflicto a “abrir espacios de diálogo”; propiciar “la construcción de acuerdos” para la construcción de la paz; propiciar “que se respeten y sean vigentes los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular el relativo a la educación”, así como garantizar “el libre desarrollo de las tareas que llevan a cabo periodistas y comunicadores”, con el fin de preservar el derecho a la información.