Jacinta sigue esperando que PGR repare el daño por 3 años de injusto encarcelamiento

viernes, 24 de junio de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- La Procuraduría General de la República (PGE) conoce desde 2014 los términos de la sentencia en la que se le ordena indemnizar y ofrecer una disculpa pública a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, encarcelada en 2006 por el supuesto secuestro de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Hace dos años el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) condenó a esa dependencia al considerar que el Estado mexicano cometió actos irregulares en el proceso penal contra la indígena, y ordenó la reparación del daño. En ese sentido, la PGR ya sabe cómo debe cumplir la resolución. Luis Tapia Olivares, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y defensor de Jacinta, afirmó que si bien el pasado 25 de mayo la procuradora Arely Gómez dijo que esperaba a ser notificada de la sentencia para cumplirla, la dependencia ya estaba enterada desde 2014. Junto con las mujeres otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, en 2006 Jacinta fue acusada por la PGR del secuestro de seis agentes de la AFI, delito por el que fue encarcelada y condenada a 21 años de prisión. A decir de sus abogados, las indígenas fueron criminalizadas por oponerse a un operativo policiaco en el tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, en el central estado de Querétaro. Después de tres años en prisión, en 2009 Jacinta obtuvo su libertad y desde entonces ha estado inmersa en un litigio judicial para exigir al Estado que reconozca que fue acusada falsamente de secuestro, y que su encarcelamiento le produjo daño moral y social en su comunidad. Su primer paso fue solicitar a la PGR que le reparara el daño, pero la solicitud le fue negada, por lo que continuó el juicio en tribunales. Ganó la querella por primera vez el 28 de mayo de 2014, cuando la Sala Superior del TFJFA ordenó la reparación del daño. (http://www.cimacnoticias.com.mx/node/66620) Jacinta confió en que por fin se le restituirían sus derechos violados, pero la PGR no quedó conforme con la sentencia del TFJFA e impugnó a través de un recurso de “revisión fiscal”. Incluso solicitó la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó Luis Tapia. La SCJN no analizó el asunto. La impugnación de la autoridad la conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sesionó el 19 de mayo y dictó sentencia a favor de la indígena otomí. La versión pública de la resolución se conoció el pasado lunes 20. En su defensa, la PGR reviró que no es el Estado mexicano y, por tanto, no estaba obligada a pagar las indemnizaciones, menos si se consideraba que la irregularidad fue del juez que condenó a Jacinta a prisión. Al respecto, el Tercer Tribunal Colegiado respondió que el Ministerio Público federal fue el que integró irregularmente la averiguación previa contra la indígena, lo que provocó una orden de aprehensión y la posterior encarcelación. Asimismo, aseguró que esa investigación fue integrada por los mismos policías que supuestamente fueron víctimas de secuestro. Una vez analizada la impugnación de la PGR, el pasado 19 de mayo el Tercer Tribunal concluyó que la reparación por daño moral y material estaba debidamente fundada y motivada, y que contrario a lo sostenido por la dependencia, ésta debía disculparse públicamente y difundir que la indígena es inocente. El defensor de Jacinta explicó que lo único que hizo el Tercer Tribunal Colegiado fue confirmar la sentencia de 2014, que desde entonces estableció que se reparara el daño a más tardar en cuatro meses. De acuerdo con el litigante del Centro Prodh, si bien falta aún la notificación oficial de la sentencia, tanto la defensa de la víctima, como la autoridad responsable, ya conocen los términos del escrito, y por tanto sólo se esperaría un diálogo entre las partes para determinar cómo se hará la reparación del daño. Mientras tanto, los casos de las otomíes Alberta y Teresa continúan procesos similares. Ambas estuvieron en prisión por los mismos hechos y después fueron liberadas por decisión de la SCJN. En 2013 pidieron la reparación del daño a la PGR, que en primera instancia les fue concedida, pero también fue impugnada por la dependencia.

Comentarios