CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2015 se dispararon las agresiones contra migrantes en tránsito por el país perpetradas por agentes del Estado, y sobre todo por integrantes de la Policía Federal: según la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), un 41 por ciento de los mil 768 migrantes que fueron víctimas de delito durante su tránsito por el país en 2015 aseguró que su agresor era un policía, ya sea federal, estatal o municipal. El año anterior, las autoridades fueron señaladas en 20 por ciento de las agresiones; lo que significa que entre 2014 y 2015 los delitos imputados a las autoridades duplicaron. La Policía Federal resultó institución más denunciada por los migrantes –en un 53.3 por ciento de los casos, 15 por ciento más que en 2014--, seguida por la policía municipal –un 14 por ciento—y la estatal –13 por ciento--. Lo anterior se desprende de un informe que elaboró la Redodem con base a las entrevistas que sus integrantes realizaron a los 30 mil 321 migrantes, quienes acudieron a los centros y albergues de la red el año pasado. El incremento brutal de las agresiones perpetradas por agentes del Estado contra los migrantes en tránsito coincidió con la implementación del Programa Frontera Sur en verano de 2014. En el marco de esa nueva política de contención migratoria la administración de Enrique Peña Nieto multiplicó los operativos violentos contra los migrantes y el número de retenes carreteros en los estados del sur del país. Según las cifras oficiales, las autoridades deportaron 158 mil migrantes en 2015 –entre ellos 35 mil 808 menores de edad--; una cifra superior en un 48 por ciento a la del año anterior. Este programa generó críticas y alarmas en las organizaciones defensoras de los migrantes, ya que agravó los casos de violaciones contra los migrantes, los obligó a tomar nuevas rutas que les alejaron de la red de comedores y albergue. Con ello, la población migrante se volvió más vulnerable todavía, mientras que las autoridades extendieron sus operativos de detención de migrantes en todos los estados del país. La extorsión y el robo contaron como los delitos que más perpetraron los agentes del Estado contra los migrantes. Según el jesuita Arturo González González, los uniformados suelen cobrar 100 dólares a los migrantes a cambio de no deportarlos. El jesuita añadió que estas extorsiones se elevarían a 800 millones de pesos cada año. “La política migratoria de México atenta de manera sistemática contra los derechos humanos de los migrantes”, aseveró González, al recordar que en un país donde ocurrieron más de 57 mil asesinatos y 26 mil desapariciones desde que Peña Nieto accedió a la presidencia, la población migrante destaca entre las más vulnerables. Según el jesuita, se estima que por lo menos 7 mil migrantes desaparecieron en el camino, aunque las autoridades tienen registrados apenas 168 desaparecidos. Cuatro de cada diez víctimas de delito fueron atacadas por bandas del crimen organizado –es decir, grupo de tres personas o más—y un 12% fueron agredidas por particulares, quienes en general trabajan en los ranchos o campos y asaltan a los migrantes que vienen caminando. La mitad de los delitos contra migrantes se cometieron en el estado de Chiapas, puerta de entrada a México de la migración indocumentada de Centroamérica. En siete de cada diez casos denunciados por los migrantes en los albergues, el delito consistió en un robo, y en una cuarta parte más fueron extorsiones. Un 2.58 por ciento aseveró que sufrió lesiones. “Las personas van dejando sus derechos en el camino”, lamentó Victoria Ríos, integrante del albergue de migrantes Casa San Nicolás, en Nuevo León. Confirmaron que las regiones de Centroamérica que expulsan la mayor cantidad de migrantes son también las más azotadas por la violencia, aunque ese factor no es el único motivo para emigrar: hay que añadirle las escasas oportunidades económicas, las sequías y otros desastres medioambientales o el despojo de territorios para megaproyectos. La mitad de los migrantes registrados por la Redodem en 2015 eran originarios de Honduras, un país donde el homicidio cuenta por seis de cada diez muertes no naturales y en el que el precio de una canasta básica supera el salario mínimo. La población hondureña que más se arriesgó a atravesar México venía de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro, los más peligrosos del pequeño país centroamericano. Otro 23 por ciento de los migrantes que pisaron los albergues de la Redodem provenía de El Salvador –la mayoría de ellos también huyeron de las regiones de mayor tasa de homicidio-- y 15 por ciento de Guatemala, sobre todo provenientes de la región que rodea la capital, la más peligrosa del país. La red de albergues también señaló un dato interesante: 6 de cada cien migrantes atendidos en los albergues eran mexicanos, y 109 de ellos afirmó haber sido víctimas de algún delito durante su desplazamiento. Fueron hombres los que acudieron en gran mayoría a los albergues, aunque la proporción de mujeres en la migración continúa su tendencia a la alza, pues pasó de 8.5% en 2014 a 11.28% el año pasado. La mayoría de los migrantes centroamericanos son relativamente jóvenes –entre 18 y 30 años--, solteros, con bajo nivel de escolaridad, y uno de cada tres aseveró que no regresaría a su país por temer por su vida.