CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos años de la masacre de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha sido atendida en su totalidad por las dependencias a las que fue dirigida, a pesar de que los hechos fueron reclasificados por el actual ombudsman Luis Raúl González Pérez, como “graves violaciones a derechos humanos”. En un comunicado de prensa, la CNDH recordó que la recomendación 51/2014 estableció 10 puntos recomendatorios a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cuyos elementos se les responsabiliza de las muertes de civiles armados que ya se habían rendido, en tanto que a la Procuraduría General de la República (PGR) y del Estado de México, el organismo les fijó cinco y ocho recomendaciones, todas ellas aceptadas formalmente por las dependencias. En cuanto al deslinde de responsabilidades penales de los servidores públicos relacionados con los hechos, el organismo apuntó que “si bien se han emitido resoluciones judiciales en la vía penal, la concerniente al fuero militar no es definitiva, pues se encuentra en apelación, además de que está pendiente de determinarse la partida penal iniciada a raíz de la denuncia” presentada por la CNDH. Sobre estos hechos, cabe recordar que recientemente tres de los siete militares que fueron consignados por la PGR por sólo ocho homicidios y no por los 12 de 15 presuntas ejecuciones arbitrarias documentadas por la CNDH, fueron puestos en libertad tras ganar la apelación de las órdenes de aprehensión. Al respecto, la CNDH sostuvo en su comunicado que “se ha reiterado a la PGR incorpore las evidencias, consideraciones y observaciones contenidas en la Recomendación 51/2014, y la documentación soporte de ello, así como los procesos del Estado de México por tortura relacionados con este caso”. La CNDH apuntó que a las tres entidades recomendadas se les ha venido solicitando proseguir y determinar “las probables responsabilidades en que incurrieron los servidores públicos que ejecutaron, ordenaron o toleraron las acciones y omisiones expresamente señaladas en la Recomendación”. Resaltó que el 6 de julio de 2015 emitió medidas cautelares a la Sedena, “para efecto de que las órdenes, directrices e instrucciones militares se apeguen al marco constitucional, legal y normativo de su competencia y se evite la utilización de lenguaje que pueda prestarse a confusiones o ambigüedades que deriven en acciones violatorias a derechos humanos”, medidas que según el organismo “fueron aceptadas y debidamente atendidas”. Las medidas cautelares emitidas surgieron luego de que el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a Clara Gómez González, una de las sobrevivientes de la masacre y madre de Erika de 15 años, revelaran que la unidad responsable de los hechos recibió, en la Orden General de Operaciones, la indicación de “abatir a delincuentes en horas de oscuridad”. En el comunicado, la Comisión Nacional señaló que ha mantenido “estrecha colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se ha dado continuidad a la inscripción de las víctimas directas e indirectas ante el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas”. El organismo se comprometió a “mantener el seguimiento puntual y objetivo de los puntos recomendatorios pendientes de cumplir por parte de las autoridades, a efecto de que la verdad, la justicia y la reparación se alcancen en el presente asunto”.