CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unas horas de la divulgación del informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad”, el gobierno de Enrique Peña Nieto dio respuesta a los señalamientos de la organización Open Society Justice Initiative, que acusó a las fuerzas de  seguridad estatal de abusos en el uso de la fuerza en su empeño por combatir el crimen organizado. En un comunicado conjunto firmado por las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, así como la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno federal reconoció “retos en materia de derechos humanos” y sostuvo que “la inmensa mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por las organizaciones criminales”. Al sostener que la población reconoce “la misión protectora de las fuerzas armadas”, según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que señalan a la Marina y la Sedena como “las instituciones de mayor confianza para la población”, las dependencias hablaron de avances en la legislación en materia de desapariciones forzadas y tortura, así como en la atención a víctimas. Contra lo señalado por la organización financiada por el magnate estadunidense George Soros, de un incremento preocupante en la comisión de delitos de lesa humanidad en el combate al crimen organizado, el gobierno federal señaló que en los últimos tres años esta estrategia “ha arrojado resultados positivos”. Según las dependencias, durante el gobierno de Peña Nieto “los homicidios dolosos se redujeron en 22% y en los estados de la frontera norte, que en el pasado eran los más violentos, el índice se redujo hasta en 45%”. Tras señalar que las Fuerzas Armadas “cuentan con protocolos y manuales para el uso de la fuerza que son acordes con los derechos humanos” y que el Estado tiene el compromiso de sancionar los excesos, las dependencias señalaron que el secuestro se redujo en 27% y la extorsión en 30%, De acuerdo con las instituciones, a pesar de la reducción de esos delitos, “el gobierno de la República reconoce que enfrenta retos en materia de derecho humanos y reafirma que se están fortaleciendo sus capacidades para combatir adecuadamente a la organizaciones criminales y al mismo tiempo, prevenir y sanciona las violaciones de derechos humanos”. Como se ha hecho costumbre en este gobierno durante el surgimiento de señalamientos en materia de derechos humanos, de negar la realidad, en el comunicado para responder a la propuesta de Open Society de crear una entidad con la participación de expertos nacionales e internacionales para resolver las atrocidades más graves del país, la autoridad federal reafirmó que “cuenta con las capacidades, las instituciones y la voluntad para atender los desafíos en materia de derechos humano y combate a la impunidad”. Al fijar su posición frente al informe, las dependencias aseguraron que México “es tradicionalmente un país comprometido con los derechos humanos y con liderazgo internacional en su defensa y promoción” y que al interior se han dado avances importantes. En materia de combate a la impunidad, el comunicado recordó que el próximo 18 de junio entrará en vigor el Sistema de Justicia Penal Acusatorio que “hará expedita la impartición de justicia y reducirá la impunidad”. Añadió que en enero de 2014 se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) “encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil”. Sobre el combate a la tortura y la desaparición, el comunicado recordó que en diciembre de 2015 el presidente Enrique Peña Nieto presentó las iniciativas para la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. El proyecto fue aprobado hace unas semanas por el Senado y enviado a la Cámara de Diputados, en tanto que está en discusión la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Para combatir la tortura, apuntaron, en 2015 se emitió el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito así como el establecimiento de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la PGR. En el caso del delito de desaparición, las dependencias apuntaron sobre la creación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, así como el cambio de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas por Fiscalía Especializada, dependiente de la PGR. En materia de desaparición, en 2015 “se implementó el uso de la base de datos ante mortem/post mortem, sistema donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para gestionar y sistematizar la información, en todo el país, sobre personas desaparecidas”.