CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2013, unos 2 millones 536 mil niños y adolescentes aún no alcanzaban la mayoría de edad y ya trabajaban; cerca de la mitad de ellos dejó de asistir a la escuela para aportar a la escasa economía familiar, lo que a su vez redujo las probabilidades de superar su condición de pobreza. Por ello, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y académicos publicó hoy el informe “Los rostros del trabajo infantil en México”, en el que retrató a través de varios ensayos el camino que queda por recorrer hasta llegar al pleno respecto de los derechos de la infancia, y donde concluyó que para la niñez “el trabajo, más que beneficio es un riesgo”. El colectivo exigió al gobierno mexicano el acceso a una educación gratuita y de calidad para todos los niños del país, incluso los hijos de los jornaleros agrícolas indígenas, quienes forman parte de los más vulnerables de la infancia mexicana. Al presentar el informe, Nashieli Ramírez, coordinadora general de la organización Rikiki Intervención Social, aseveró que “se trata de restituir sus derechos a todos los niños, niñas y adolescentes”. “Prácticamente en cualquier espacio del país es posible observar a niñas, niños y adolescentes que trabajan en los campos, en las ciudades, en las playas, en las minas, en las calles, en las fábricas, en los comercios, en las casas y en cualquier otro lugar donde sus cuerpos en crecimiento les permitan cargar, limpiar, vender, pescar, sembrar, cosechar, subir, bajar”, lamentó el informe. Según las cifras oficiales más recientes –de 2013--, en México trabaja uno de cada 15 niños de entre 5 y 9 años, y uno de cada cuatro niños de entre 10 y 13 años. Para los adolescentes, de entre 14 y 17 años, esta cifra es todavía mayor, ya que siete de cada diez de ellos labora. El informe señaló que pese a las reglamentaciones internacionales que prohíben el empleo de niños y adolescentes en “trabajos peligrosos”, cerca de un millón de ellos se desempeñan en dos de los tres sectores de actividad más riesgosos: agricultura y construcción. Deserción escolar Los niños que trabajan tienen una probabilidad muy alta de abandonar la escuela, subrayó el informe, al recordar que solamente 150 mil de los 2 millones 536 mil niños y adolescentes ocupados registrados en 2013 asistían a la escuela; esto es, 6.1%. También eechazó la explicación según la cual los 2 millones 119 mil niños que no asisten a la escuela lo hacen por “falta de interés o aptitud”, como lo reveló una encuesta publicada en 2014. Según las organizaciones y académicos, la respuesta se encuentra más bien en la labor infantil, ya que 36% de los niños y adolescentes que laboran se alejan de las estructuras educativas. El 52% de los niños ocupados trabaja más de 15 horas a la semana, y 20% de los adolescentes de entre 16 y 17 años labora entre 49 y 56 horas semanales. El informe precisó que Chihuahua, Querétaro, Michoacán, Aguascalientes, Durango, el Estado de México, Coahuila, Baja California, Guerrero y Chiapas concentraron la mayor tasa de niños y adolescentes ocupados. Jornaleros indígenas, “los más expuestos” En el sector agrícola, los niños y adolescentes más expuestos a los riesgos provienen de comunidades indígenas. Al seguir a sus padres en su viaje hacia los campos agrícolas, los niños se exponen a los agroquímicos tóxicos, a las mordeduras de animales venenosos, a las duras condiciones climáticas y, a veces, a condiciones de alojamiento infrahumanas. En 2009, se estimaba que la población infantil en los campos de jornaleros ascendió a 758 mil 163. Ese año, ocho de cada diez trabajadores jornaleros se encontraban en situación de pobreza multidimensional; cerca de 99% de ellos tenía escasos ingresos o carencias sociales. Si bien el informe recordó que el Estado mexicano criminaliza el acceso de menores de 15 años a los campos de cultivo, deploró que esta prohibición “sólo traslada el trabajo infantil a los campos que están en la informalidad”, debido a los salarios insuficientes de los padres y la ausencia de una red de estancias y de escuelas. Así, cerca de 287 mil niños migrantes de entre 6 y 13 años trabajaban en el sector agrícola, pese que la ley laboral lo considera como “peligroso o insalubre”. “Este tipo de trabajo infantil se realiza en condiciones que vulneran flagrantemente sus derechos”, condenó el estudio. Es más: denuncia que esta población está invisible, ya que no existe un censo actualizado de cuántos niños migrantes existen en el país, lo que la deja fuera del alcance de políticas públicas efectivas en materia social y educativa. “México no tiene una visión detallada de la educación que se debe de impartir a la niñez indígena jornalera”. Para estos niños, acota, “se vislumbra un presente y un futuro con baja calidad de vida, ya que se va conformando ‘el círculo vicioso de la pobreza-trabajo infantil-falta de educación-pobreza’”. Muchos de los jornaleros indígenas provienen de las zonas más marginadas del país, entre ellas la Montaña del estado de Guerrero. Desde 2007, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan identificó 17 campos de cultivos agrícolas hacia los que migraron 66 mil jornaleros agrícolas de esa región como “estrategia de sobrevivencia”. En Guanajuato, por ejemplo, los jornaleros trabajan todos los días de la semana, por un ingreso diario que oscila entre 100 y 200 pesos. Reciben 20 pesos por arpilla de chile, de aproximadamente 30 kilos. Entre ellos, por lo menos 3 mil 121 eran menores de edad. La organización observó que los niños sufren jornadas laborales exhaustas de más de 10 horas, después de las cuales no son capaces de asimilar las clases proporcionadas a través de programas educativos. Entre 2007 y 2015, la organización documentó la muerte de 39 niños y dos adolescentes originarios de la Montaña de Guerrero, causadas por enfermedades, accidentes de tránsito, atropellos por maquinaria agrícola o picaduras de animales ponzoñosos. Buenas medidas de seguridad y mejores condiciones de trabajo hubieran evitado estas tragedias, señaló.