CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) admitió que a más de un año de la muerte de Julio César Mondragón Fontes, no es posible determinar si el desprendimiento del rostro del normalista de Ayotzinapa fue causado intencionalmente, pese a que persiste la “sospecha de la intervención de un instrumento cortante” sobre su cuello. A unas horas de que el responsable de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Larrieta Carrasco, diera a conocer el dictamen médico forense y de criminalística sobre la muerte del estudiante, el EAAF emitió un comunicado en el que destaca algunas de las conclusiones a las que llegó tras participar en una segunda necropsia de los restos, entre el 4 y el 7 de noviembre del año pasado. La organización no gubernamental, coadyuvante en los casos de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la muerte de Mondragón Fontes, resaltó que a partir del análisis de los restos, familiares y sus representantes, así como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, coincidieron en la urgencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) abra una línea de investigación sobre la tortura infringida al normalista, en coincidencia con las consideraciones de Larrieta Carrasco. En su texto, el EAAF recuerda que los familiares de Julio César buscaron su apoyo para identificar plenamente los restos, definir “la causa y el modo de muerte”, y “revisar la posibilidad o existencia de tortura”, puntos también recomendados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Al señalar que el 30 de junio pasado entregó su “dictamen sobre exhumación, identificación y circunstancias de la muerte” de Mondragón Fontes, hace referencias generales sobre el resultado del peritaje solicitado por la familia del estudiante y sus representantes. Relata que a pesar de que el cuerpo de Mondragón fue exhumado el 4 de noviembre, “la toma de muestras para el análisis genético con fines identificatorios recién pudo realizarse el 6 de febrero de 2016, obteniendo resultados en abril del mismo año”, los cuales confirmaron la identificación de los restos. El EAAF considera que la muerte del estudiante originario de la Ciudad de México fue “consecuencia de traumatismo craneoencefálico por instrumento contundente”, conclusión a la que ya había llegado la Procuraduría General de Justicia de Guerrero en su primera autopsia, pero en el segundo examen –subraya– “se documentó un número considerablemente mayor de traumatismos en tejido óseo, tejido blando, y se realizó una descripción más profunda sobre las lesiones especialmente en cara, cráneo, cuello y tórax”. Sobre la existencia de huellas de tortura, describe lesiones que no fueron identificadas en la primera autopsia consignada en el expediente del caso, seguido por la Procuraduría estatal, ahora llamada Fiscalía General del estado de Guerrero. De las fracturas en cráneo, el equipo argentino destaca que “fueron severas y abarcaron especialmente el lateral derecho del cráneo, área posterior y fragmentación masiva en cara”; del tórax, precisa que en el primer examen de la dependencia guerrerense sólo se señalan “dos costillas fracturadas”, pero en el segundo análisis se documentaron “por lo menos 12”, así como “fracturas en dos vértebras dorsales y en una vértebra lumbar que no se había reportado anteriormente”. Los exámenes de la entonces Procuraduría General de Justicia y el EAAF coincidieron en las lesiones en pulmones, cerebro y abdomen, pero el análisis de la organización también documentó hemorragias en el peritoneo adyacente al estómago, intestino y uno de los riñones, sin encontrar lesiones de arma de fuego. Sobre la cara, que “presenta también multitraumatismo de tipo contundente severo”, el EAAF hace referencia a una herida “en el cuello que se difundió ampliamente en medios de opinión”, misma que para la organización “presenta por un lado huellas de actividad de fauna, como señaló la primera autopsia, pero también presenta áreas con sospecha de intervención de instrumento cortante”. Y lamenta que “a más de un año después de su fallecimiento y enterramiento, y luego de diferentes intervenciones médico-forenses realizadas después de su muerte, los restos (de Mondragón) ya no se encuentran en las mismas condiciones para su examen que en septiembre de 2014, cuando sucedió el homicidio, y no nos permite ahondar en mayor detalle a este respecto”. Lo que sí puede decir el EAAF es que “el alto número de lesiones, su severidad y su ubicación en el cuerpo escenifican una golpiza severa con múltiples impactos en zonas de vital importancia como son el tórax y el cráneo”. Aunque señala que “corresponde al Ministerio Público y a las autoridades judiciales” determinar si Julio César fue víctima de tortura, destaca que la familia del normalista y sus representantes legales coincidieron en que “esta línea de investigación es prioritaria y debe de agotarse”. Añade: “Para la coadyuvancia y la familia es evidente la insuficiencia de la investigación que condujo la Procuraduría de Guerrero, por ello, resulta fundamental que la PGR se avoque a la investigación de los delitos cometidos contra Julio César desde una perspectiva integral que evite la fragmentación de la indagatoria, lo que conllevaría a analizar el futuro y la solidez de la acusación que se sostiene en el proceso penal que se sigue ante un juzgado local en Iguala por estos hechos”. Tras hacer votos porque su trabajo contribuya a la investigación del homicidio del estudiante y a identificar otros delitos cometidos en su contra, el EAAF considera que con el segundo examen a los restos “se ha ampliado considerablemente la información sobre el homicidio de Julio César Mondragón, especialmente en lo que hace a las circunstancias de su muerte, permitiendo contestar las preguntas de la familia”.