Exigen ONG al Estado mexicano un mecanismo de seguimiento para caso Ayotzinapa

miércoles, 13 de julio de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi 22 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones internacionales urgieron al presidente Enrique Peña Nieto a no repetir “los obstáculos” que enfrentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su mandato, y para lograrlo, apuntaron, es necesario crear “un mecanismo que cuente con la plena cooperación y coordinación del Estado mexicano”. En una carta firmada por 12 organizaciones encabezadas por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), manifiestan al Ejecutivo mexicano su “preocupación sobre el retraso para establecer el mecanismo de seguimiento para la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, luego de cumplirse más de dos meses de concluido el mandato del GIEI. Al solicitar que el mecanismo se instale “a la brevedad y cuente con los elementos mínimos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, recuerdan que en noviembre pasado reconocieron el esfuerzo entre familiares y el Estado mexicano para acordar con la CIDH la creación del GIEI, “con el fin de proporcionar asistencia técnica en la investigación sobre los estudiantes desaparecidos” el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero. Sin embargo, más tarde las mismas organizaciones consideraron que “el hecho de que el Estado mexicano se negara a facilitar las condiciones en México para que el GIEI cumpliera con los objetivos de su mandato y la consecuente decisión de no prorrogar su mandato después del 30 de abril de 2016, fueron desalentadores”. En su carta –con copia para la procuradora Arely Gómez; el representante mexicano en la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba Góngora, y los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, respectivamente–, resaltan que “los hallazgos del GIEI sobre una posible obstrucción de la justicia por parte de agentes del Estado en el caso, también resultan alarmantes”. Ante ese panorama, reiteran que las organizaciones firmantes apoyaron la creación del mecanismo de seguimiento, “pues al día de hoy las autoridades mexicanas no han cumplido con la finalidad principal del acuerdo con el GIEI: la localización de los estudiantes desaparecidos”, es decir que “la medida cautelar de la CIDH que llevó a la creación del GIEI continúa vigente”. Las organizaciones recomendaron que para dar seguimiento “adecuado a un caso que ha conmocionado al mundo entero”, debe crearse  un mecanismo con al menos cinco premisas: “el mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del GIEI en sus dos informes y a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH; un equipo operativo de tiempo completo de al menos dos personas, quienes deberían poder ingresar y permanecer en México sin limitaciones de tiempo; visitas periódicas por parte de la CIDH; la difusión de información que dé cuenta del estado de cumplimiento, y el acceso pleno del equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso”. Subrayan que si el mecanismo cumple con las anteriores características, el gobierno de Peña Nieto “mostrará la voluntad  (…) de cooperar con la CIDH alrededor del caso, así como su compromiso de cumplir con su obligación de garantizar la verdad y la justicia”. De igual manera, insisten en que dichas características son fundamentales para mantener la confianza que pudo desarrollar el GIEI entre las familias de las víctimas y las autoridades mexicanas, así como para avanzar en el importante trabajo del GIEI para esclarecer el caso. “Exhortamos a las autoridades para que se construya un mecanismo que cuente con la plena cooperación y coordinación del Estado mexicano, de manera que no se repitan los obstáculos que enfrentó el GIEI durante su mandato. El mandato es una nueva oportunidad para que el gobierno  mexicano demuestre a la comunidad internacional y principalmente a su ciudadanía, que está comprometido con la garantía efectiva de los derechos humanos y con el cumplimientos obligaciones nacionales e internacionales”, apunta. Firman la carta Amnistía Internacional; Brigadas Internacionales de Paz; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad; Centro de Estudios Legales y Sociales; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; Conectas Direitos Humanos; Fundación para el Debido Proceso; Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos; JASS Asociadas por lo Justo; Open Society Justice Initiative, Robert F. Kennedy; Human Rights, y WOLA.

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