MONTERREY, NL (apro).- El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, debe ofrecer una disculpa pública por la ejecución de los esposos Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, que cometieron militares en el municipio de Anáhuac, el 3 de marzo del 2010. Así lo dice en entrevista, Juan Manuel Elías Garza, hermano de Rocío, quien señala que mediante un despacho de abogados radicado en esta capital, la familia presentó el 31 de mayo en la Oficialía de Partes de la Sedena, una denuncia por daño moral, para que la institución armada limpie el nombre de la pareja. Una fuente cercana al caso dijo que también pide una indemnización de 43 millones de pesos por cada una de las dos niñas que quedaron huérfanas (86 millones en total), como una manera de asegurar su futuro, aunque saben que les espera un litigio largo. Juan Manuel considera que más que el tema pecuniario, la familia busca que a través del mandato de un juez, los nombres de Rocío y Juan Carlos queden limpios, pues aunque el Ministerio Público investigador les entregó un oficio en el que se establece que los esposos fueron asesinados, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) no ha aclarado que no son sicarios, como los presentaron públicamente en la versión oficial, posterior a los hechos. En el boletín difundido, incluso a ella la presentaron como una delincuente apodada La Gata. Por el crimen hay un soldado sentenciado y ya en prisión. “Esto no lo hacemos por dinero. Pero tenemos qué meter el tema económico para que nos volteen a ver, porque es lo que le duele al Gobierno. Lo que queremos es que, a nivel nacional, nos pida disculpas el Secretario de la Defensa nacional, como lo hicieron por la persona que torturaron, y que salió en videos”, dice. El hermano de Rocío se refiere a una videograbación que fue difundida, en la que se observa cómo dos soldados y una policía federal torturan a una mujer. El 16 de abril del 2016, el general Cienfuegos Zepeda ofreció una disculpa pública en transmisión en vivo, que fue captada por miles de soldados en campos militares de todo el país. El incidente habría ocurrido en febrero del 2015 en el estado de Guerrero, aunque la Sedena alegó que se enteró de él hasta diciembre de ese año. Juan Manuel señala que la autoridad federal  debe aclarar que sus seres queridos no eran sicarios, pese a que, como se comprobó, fueron asesinados. “La demanda es más que nada para reparar el daño emocional. Pues dijeron que eran sicarios mi hermana y mi cuñado. Mancharon a nuestra familia y principalmente a ellos, como víctimas, pues eran personas respetadas, de bien”, señala en entrevista telefónica desde su casa, en el municipio de Anáhuac, 220 kilómetros al norte de la capital. Además del infundio de la Sedena, en las actas del Ministerio Público se señalaba que perdieron la vida en una riña, por lo que los familiares tardaron años en conseguir que fuera subsanado el error y las hijas pudieron cobrar la respectiva pensión. Las niñas han pasado una infancia difícil. Las menores de edad, no entienden aún las causas por las que sus padres no están con ellas, dice su tío. Sin proporcionar sus nombres, para proteger su privacidad, señala que viven en la casa de los abuelos maternos, donde comienzan a superar la pérdida irreparable. “Aquí viven con mis papás. Vivo yo también aquí, con mi esposa. Para mí ha sido muy difícil. Cuando pasó eso yo tenía 22 años, ahora ya estoy más maduro. Estoy con mi familia. Y es muy difícil criar a dos niñas que no tienen a sus padres”. “Son más rebeldes. Obviamente es más difícil la educación para ellas, no comprenden muchas cosas. En la escuela, el hecho simple de que las maestras les digan a mis sobrinas que tienen que dar un recado a sus papás, hace que ellas se sientan mal. Pero además, lo queramos o no, hay que trabajar el doble, porque también hay que hacer gastos en ellas”, señala Juan Manuel. La familia tiene un establecimiento comercial de cibercafé y copias fotostáticas. Él se encarga de atenderlo, por lo que no ha podido ejercer su vocación de arquitecto, por el que tiene el grado de licenciado. Ejecución extrajudicial El día de la tragedia, la pareja salía de la empresa Delphi, donde ella trabajaba como obrera y él como supervisor. En ese momento, ocurrió en la calle un enfrentamiento, durante el que aparentemente Rocío y Juan Carlos fueron confundidos con sicarios y masacrados. Como saldo de la balacera hubo 8 civiles y 2 militares muertos. Dentro del proceso penal 95/2012-I, el 20 de julio del 2015 el soldado Juan Ortiz Bermúndez fue sentenciado a 18 años de prisión por el homicidio simple intencional de los esposos. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), que acompañó a la familia Elías Garza en el juicio, se inconformó en su momento, al señalar que la ejecución tiene agravantes y podría ser considerado como homicidio calificado, pues las víctimas estaban desarmadas y fueron privadas de la vida con disparos a corta distancia. Fueron absueltos, del delito de alterar la escena del crimen los soldados Alaín Josué Reyes y Francisco Meléndez. Las autopsias revelaron que Rocío y Juan Carlos recibieron 14 y 16 balazos cada uno. En el caso de ella, 12 de esas heridas presentaban quemaduras, lo que permitía concluir que los disparos fueron efectuados a quemarropa, a menos de 70 centímetros, con el propósito de quitarles la vida. Los cuerpos también fueron desplazados de su posición y se les sembraron armas. El Ejército mintió en su informe al señalar que la identificación de Juan Carlos fue encontrada en un coche de los agresores, mientras funcionarios de la Procuraduría de Nuevo León dijeron, en cambio, que el documento estaba en el bolsillo de la víctima.