CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en sesión extraordinaria –por 10 votos a favor y el voto en contra de la consejera Pamela San Martín– multas por más de 420 millones de pesos a nueve partidos políticos y candidatos que contendieron en junio pasado por mil 819 cargos de elección popular en 14 entidades del país. El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, informó que el 27% de estas multas se deben al ocultamiento de recursos destinados a proselitismo electoral. “El INE no se conformó con los dichos de los actores, sino que en trabajo de campo, recabando información, pateando calles, carreteras y plazas, documentó evidencias de gasto en bienes y servicios, y cruzando información con terceros ubicó operaciones que partidos y candidatos le ocultaron”, apuntó. Agregó que el principal obstáculo con el que se encontró la fiscalización de los procesos electorales de 2016 fue la entrega tardía de información por parte de los partidos políticos y candidatos, lo cual ameritó sanciones por 112.5 millones de pesos. 24 mdp en publicidad en Facebook En este ejercicio de fiscalización se sancionó por primera ocasión la contratación no reportada en la red social Facebook, y agradeció a dicha plataforma la entrega de información detallada de 24 millones de pesos pagados por una centena de candidatos a la empresa, para potenciar los mensajes de sus muros, los cuales fueron sancionados con 150% por ciento del monto contratado. “Es un castigo que pretende inhibir la rendición de cuentas tardía, esta conducta generalizada de partidos y candidatos no puede repetirse en 2018 cuando se juega la Presidencia, el Congreso de la Unión y 29 elecciones locales”, reiteró. Por su parte, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello afirmó que con la fiscalización de las campañas de 2016, se cumple con los propósitos de la pasada reforma electoral: garantizar la equidad de las contiendas, el principio de legalidad y la rendición de cuentas de partidos y candidatos. “Con los dictámenes y resoluciones que están en la mesa, no sólo las autoridades electorales tenemos ya una idea clara de la forma en que el dinero público y privado fue utilizado por los partidos y candidatos, sino que la sociedad en general, podrá constatar las cantidades comprobables que los contendientes utilizaron en las campañas electorales locales de este año”, refirió. El consejero Enrique Andrade reconoció el trabajo de los partidos y candidatos en el reporte de información al Instituto. “Si bien existen gastos realizados y no reportados, en general el comportamiento de los candidatos fue el de informar”, dijo. A su vez, el consejero Benito Nacif destacó el “arduo trabajo” por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización para hacer posible resolver la fiscalización de las campañas con oportunidad, y permitir que los resultados estén listos en tiempo para que las autoridades encargadas de calificar las elecciones y de declarar su validez constitucional cuenten con todos los elementos para ello. Por su parte, el consejero Javier Santiago dijo: “el registro de las operaciones financieras de los partidos, es clave para poder llevar a cabo el desahogo de una fiscalización con los apretados tiempos que la ley establece”. Para argumentar su voto en contra, la consejera San Martín se pronunció por devolver los 14 proyectos para corroborar que los gastos reportados durante la Jornada Electoral, correspondan con el registro de representantes generales y de casilla de partidos y candidatos con que cuenta el Instituto. “No se debe permitir que en las respuestas de los oficios de errores y omisiones los partidos presenten información adicional no reportada en tiempo y forma. Es una fase para que los partidos aclaren y rectifiquen sobre lo ya presentado, pero este tiempo no debe entenderse como una ampliación o un nuevo momento para reportar todo lo que no se había reportado con anterioridad”. Los dictámenes incluyen la revisión de ingresos y gastos de ocho mil 271 candidatos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización que contendieron por 12 gubernaturas; 966 ayuntamientos; 388 diputaciones locales; 393 presidencias de comunidad y 60 diputados constituyentes de la Ciudad de México. Conforme a los resultados de la fiscalización, 38 candidatos rebasaron los topes de gastos de campaña, en los que no se incluye ningún candidato a gobernador. Asimismo, el Consejo General resolvió 61 quejas sobre el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos, de las cuales 21 fueron declaradas fundadas y resultaron en sanciones que ascienden a 1.3 millones de pesos.