Leyes anticorrupción, 'banderazo de salida” contra la impunidad: CCE

lunes, 18 de julio de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) debe ser vista como “un banderazo de salida”, más que como la conclusión de un proceso que para fines prácticos “apenas comienza”, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Todo está por hacerse en la transformación que México necesita llevar a cabo para abatir el cáncer de la corrupción y la impunidad que se ha asentado no sólo como el mayor obstáculo para el progreso democrático y económico, sino como raíz de los más diversos y agudos problemas de la nación”, subrayó en su mensaje semanal Juan Pablo Castañón, presidente del organismo empresarial. La reforma lograda –añadió– es sólo un paso fundamental en la dirección correcta, es decir,  crea un andamiaje institucional robusto para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, considerando tanto a actores del sector público como del sector privado a través de las nuevas disposiciones. De acuerdo con el CCE, el gran reto es la implementación de la reforma con una adecuada articulación y coordinación, y la correcta selección de los funcionarios e integrantes del comité ciudadano. Y destacó que al momento de instrumentar la legislación deben tomarse en cuenta tres aspectos “críticos”, el primero de los cuales tiene que ver con el “apuntalamiento de una autonomía real de gestión” de la Fiscalía Anticorrupción, y que ésta y los otros mecanismos de fiscalización, auditoría y control administrativo cuenten con facultades efectivas y recursos para su funcionamiento. En segundo lugar, precisó, debe garantizarse el funcionamiento del sistema “3 de 3” sobre declaraciones de interés, patrimonio y situación fiscal. Sobre este punto señaló que se requiere de la mayor transparencia y publicidad posible, sin vulnerar la protección de los datos personales garantizada en la Constitución, “para que pueda haber una verdadera fiscalización tanto desde el estado como por parte de la sociedad, a través de organizaciones ciudadanas y la prensa, por supuesto”. Por último, dada la adaptación que debe hacerse en la legislación a nivel local, resulta clave que la reforma anticorrupción no se descomponga al bajar a las entidades federativas, y menos aún permitir que se pervierta con fines contrarios al sentido fundamental, sostuvo. “Uno de los mayores problemas en estos terrenos reside en el orden municipal y de forma cada vez más evidente en el estatal. Ahí se presentan regularmente casos escandalosos de abuso, tanto de actos de corrupción y patrimonialismo en la función pública, como de maniobras para reproducir la impunidad  y para burlar principios democráticos como la división de poderes”, advirtió Castañón. El organismo empresarial calificó de “oportuna” la decisión del gobierno federal de interponer acciones de inconstitucionalidad contra medidas improvisadas, con las que se ha pretendido hacer cambios en leyes estatales (de Veracruz y Quintana Roo) que pueden favorecer la impunidad de administraciones salientes, así como nombramientos para periodos sexenales de autoridades fiscalizadoras o de auditoría de dudosa legitimidad, incluso con acusaciones de nepotismo. Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es necesario ir más allá de estas acciones jurídicas, para asegurar que no hay reformas estatales “a modo”, es decir, ningún “paquete de inmunidad” o simulación. “Es momento de activar una instancia de seguimiento que vigile que efectivamente exista homologación en todas las entidades del marco legal e institucional indispensable para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción”, precisó. Están de por medio señalamientos “muy graves de corrupción”, además de decisiones de última hora y de amplias consecuencias, desde la creación de empresas fantasmas con socios apócrifos, para adjudicarles contratos en licitaciones amañadas, hasta despojos a particulares de inmuebles, recalcó. “No puede aceptarse que estas acusaciones de corrupción indignante queden sin una investigación profunda, y si es necesario y consecuente, que se tomen las medidas necesarias de cumplimiento de la ley”, destacó el líder empresarial. Tampoco se pueden permitir situaciones como las que se ven de endeudamientos súbitos o enajenación de propiedad pública para tapar boquetes en las arcas públicas, en medio de la incapacidad de cubrir compromisos con proveedores o pensionados, dijo. Y detalló que “sólo en Veracruz hay un posible daño patrimonial por al menos 9 mil 500 millones de pesos detectado en la última cuenta pública presentada por la Auditoría Superior de la Federación”. Sobre el escándalo de la llamada Casa Blanca que involucra al presidente Enrique Peña Nieto, la cúpula empresarial evitó hacer comentarios.

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