Pide WOLA retener fondos de Iniciativa Mérida por incumplir en derechos humanos

viernes, 22 de julio de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Horas antes de la reunión entre Enrique Peña Nieto y Barack Obama, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) dio a conocer que México no ha cumplido con las condiciones de derechos humanos en la Iniciativa Mérida y, por lo tanto, el Departamento de Estado debe solicitar la retención de los fondos condicionados. En un comunicado, WOLA destacó que el año pasado, por primera vez, el Departamento de Estado decidió no certificar a México basándose en su evaluación que no se habían cumplido las condiciones. "El gobierno mexicano tiene que mostrar auténtica voluntad política y la capacidad para investigar los abusos y lograr resultados creíbles", precisó Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en WOLA. "Una decisión por el Departamento de Estado de no certificar a México este año enviaría un mensaje claro de que el gobierno mexicano no puede decir que está avanzando en materia de derechos humanos sólo por tener buenas leyes en papel", dijo Meyer. Dijo que si bien México ha aprobado muchas leyes y protocolos, a menudo no se aplican en la práctica y las autoridades no han demostrado la voluntad de cambiar prácticas arraigadas, ni de hacer que los perpetradores de delitos rindan cuentas. En un memorándum que preparó junto con seis organizaciones mexicanas, estadunidenses e internacionales, WOLA destaca los cuatro requisitos de derechos humanos en la Iniciativa Mérida, y demuestra cómo el gobierno de México ha fallado en cumplirlos con éstos. En primer lugar, señala, el gobierno de México está investigando y persiguiendo violaciones a los derechos humanos en tribunales civiles, y no ha sido transparente sobre el número de violaciones graves a los derechos humanos que ha investigado, ni sobre los resultados de estas investigaciones. “A pesar de cientos de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano, la información públicamente disponible revela que sólo dos soldados han sido condenados bajo jurisdicción civil por estos crímenes y no está claro si estas sentencias son definitivas”, apunta. Y subraya que no ha habido condenas en casos emblemáticos como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) y la ejecución extrajudicial de al menos 12 personas en Tlatlaya (Estado de México). Además, en ambos casos los funcionarios del gobierno han obstruido las investigaciones, torturado a los sospechosos y víctimas, y manipulado pruebas. Señala que en los cuatros casos en los que la Corte Interamericana ha emitido decisiones contra el Estado mexicano, ningún soldado ha sido condenado por las violaciones a derechos humanos que cometieron. En segundo lugar, el gobierno de México hace cumplir las prohibiciones contra la tortura y el uso de testimonios obtenidos mediante tortura. En 2015, puntualiza, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que las denuncias sobre tortura se duplicaron entre 2013 y 2014, cuando se registraron 2 mil 420 casos Y pesar de que las denuncias de tortura persisten bajo el gobierno de Peña Nieto, apunta, las investigaciones creíbles y condenas por esta práctica no han incrementado. No obstante los miles de casos de tortura y malos tratos en México, sólo 15 personas han sido condenadas por este delito, precisa. En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, casi el 80% de los sospechosos tenía signos de tortura o malos tratos. En el tercer punto del memorándum se destaca que el Ejército y la policía mexicana “transfieren a los detenidos rápidamente a la custodia de las autoridades judiciales civiles, conforme a la legislación mexicana, y cooperan con las mismas autoridades en estos casos”. A pesar de existir en papel, añade, las bases nacionales de datos para monitorear detenciones no están completas. “El gobierno mexicano ha omitido cumplir sus propias normas sobre detenciones y no proporciona al público información sobre éstas en tiempo real”. En el último punto señala que el gobierno de México busca de manera efectiva a las víctimas de desapariciones forzadas, e investiga y enjuicia a los responsables de tales crímenes. Desde 2007, sostiene, México ha registrado 28 mil 189 desapariciones, y más del 54% de los casos registrados ocurrieron durante el gobierno del presidente Peña Nieto. Según el documento, hasta febrero de 2015 el gobierno mexicano reportó únicamente 13 sentencias condenatorias registradas a nivel federal por desapariciones forzadas. Y en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por la policía de Iguala, “es probable que funcionarios del gobierno hayan obstruido la investigación llevada a cabo por el grupo de expertos reconocidos internacionalmente”. Más de 21 meses después de la desaparición forzada, el paradero de los estudiantes aún se desconoce, y no hay información confiable sobre cuántas de las desapariciones registradas son cometidas por las autoridades, concluye.

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