CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la República informó que una delegación “de alto nivel” viajó a Washington, Estados Unidos, para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de “definir el seguimiento” a las medidas cautelares que ésta dictó en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y la de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron que las reuniones se realizarán en la sede de la CIDH del 27 al 29 de julio próximos. Durante el encuentro, los representantes gubernamentales presentarán a los integrantes de la Comisión “los acuerdos alcanzados en varias reuniones celebradas con los padres de los estudiantes desaparecidos, así como con sus representantes legales”. Según el gobierno federal, en esos encuentros “ambas partes acordaron los principales componentes del seguimiento a las medidas cautelares, incluyendo sus objetivos, composición, funcionamiento y financiamiento”. Tras esos acuerdos, agregó, corresponde a la CIDH “dictar las acciones correspondientes para el cumplimiento de las medidas cautelares en este caso”. La delegación enviada está compuesta por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo; el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián; y el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres. El gobierno mexicano reiteró “su compromiso indeclinable con la promoción y protección de los derechos humanos, así como su voluntad de seguir cooperando con la CIDH para la investigación de este caso, la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y la atención a las víctimas”. Y agregó que continuará con el despliegue de “todos los esfuerzos necesarios para resolver la lamentable desaparición de los estudiantes y llevar ante la justicia a todos aquellos que resulten responsables”. Ayer, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de los 43 normalistas, acusó que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende “acotar” el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Agregó que las partes de este conflicto, que ha tenido a México en la mirada internacional desde septiembre de 2014, irán a Washington sin cumplir con el objetivo de llegar a la mesa de negociaciones de la CIDH con un acuerdo previamente pactado. De hecho, dijo que de ocho puntos a negociar, tres no lograron concretarse, mismos que “son fundamentales” para establecer el paradero de los estudiantes. Y lamentó que el gobierno mexicano quiera “tener un mecanismo sin muchas facultades, que el equipo de seguimiento en terreno no esté mucho tiempo, que tenga un margen acotado de su mandato y que el mandato sea acotado a temas que ellos puedan establecerlos”.