CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El sector patronal del país alzó la voz ante las constantes presiones y manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aún más, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sentenció que “en este lamentable recuento vemos como día con día se configura una crisis de gobernabilidad en la que el Estado mexicano pareciera estar perdiendo la batalla frente a unos cuantos que violentan sistemáticamente la ley”. El organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther de plano lanzó las preguntas al gobierno federal: “Diálogo sí, pero ¿a qué costo?, ¿con qué resultados? ¿Cuánto tiempo más necesitan los responsables del diálogo para resolver este conflicto que deja daños irreversibles para los habitantes, para los negocios, para el turismo en los estados, para la seguridad y la tranquilidad en la vida cotidiana de las personas?”. Y dejó mensaje “claro y contundente” a la Secretaría de Gobernación, para que asuma su responsabilidad y haga cumplir la ley ya que “no puede sostenerse una mesa de diálogo con quienes, en este mismo momento, siguen en las calles impunemente violando la ley”. La Coparmex fustigó que a los ya de por sí innumerables “actos ilegales” de la Coordinadora, se suma ahora el bloqueo de aeropuertos, lo cual, dijo, es un delito del ámbito federal. Mientras tanto, las autoridades siguen la estrategia de diálogo en la que su voz se desvanece por una falta de contundencia y de respuestas para la sociedad “que sigue siendo la gran perdedora”. El recuento de los daños a raíz de las acciones de la CNTE se reflejó en las fiestas de la Guelaguetza en Oaxaca que iniciaron esta semana, pero casi cuatro de cada 10 turistas cancelaron sus viajes al estado por el desorden social, aseguró el organismo empresarial. También canceló casi la mitad de los que iban a gastar en los negocios, tiendas, hoteles o restaurantes que hoy están a punto de la quiebra. “No podemos entender cómo la supuesta defensa de derechos de unos cuantos en Chiapas a tan sólo 15 días le ha causado a los campesinos, vendedores y a todos los sectores involucrados no haber podido sacar a la venta los productos de frutas, lo que les ha costado en pérdidas cerca de 450 millones de pesos”, reprochó la cúpula empresarial. Y siguieron las quejas: en Michoacán, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, están detenidos todos los insumos y productos que llegaron de Asia y que hace semanas deberían de estar en fábricas de Querétaro, San Luis Potosí o Saltillo para complementar el ciclo de exportación. “La responsabilidad principal de los gobiernos es hacer valer la ley. Cumplirla y hacerla cumplir. Es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación asegurar la gobernabilidad del país y claramente las acciones delictivas de la CNTE vulneran esa gobernabilidad”, puntualizó Gustavo de Hoyos. En este contexto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios (Concanaco-Servytur) ya analiza imponer acciones legales contra el magisterio por las pérdidas del sector en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México, principalmente.