CIUDAD DE MÉXICO  (apro).- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, emplazó hoy al gobierno federal y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a intervenir para revertir el “paquete de impunidad” que aprobó el Congreso de Quintana Roo para salvaguardar al gobernador saliente Roberto Borge. Como es su costumbre, Anaya jamás mencionó al presidente Enrique Peña Nieto y su exigencia la dirigió sólo al “gobierno federal” y a la dirigencia nacional del PRI para que se dé marcha atrás en los nombramientos del fiscal general, los magistrados del Poder Judicial y el auditor estatal que, aseguró, tienen el objetivo de no castigar la corrupción de Borge. “Este es el peor PRI que hemos visto en la historia de nuestro país”, afirmó Anaya, quien aseguró que el PAN buscará por todos los medios, tanto legales como políticos, dar marcha atrás a estos “paquetes de impunidad” para que los funcionarios corruptos devuelvan lo que se robaron y enfrenten las consecuencias, como en Quintana Roo. “Esto no había ocurrido nunca. No se comportó el PRI de esta manera ni siquiera cuando perdieron la Presidencia de la República en el año 2000”, insistió el presidente del PAN. Recordó que también en Chihuahua y Veracruz los gobernadores salientes César Duarte y Javier Duarte han promovido paquetes de leyes y nombramientos a modo para pretender “blindarse” contra la acción de la justicia. Apenas la semana pasada, y luego de invocar también la intervención del gobierno de Peña, Anaya evitó que el Congreso de Veracruz aprobara el fiscal anticorrupción que pretendía el gobernador saliente, el priista Javier Duarte. En conferencia de prensa, el gobernador electo de Quintana Roo, el expriista Carlos Joaquín González, afirmó que Borge quiere atarlo de manos para evitar que investigue la corrupción que existe en el gobierno, pero advirtió que los ciudadanos votaron contra la corrupción y la impunidad. Joaquín anticipó que, como gobernador, auditará el endeudamiento del estado y previó que en los próximos meses podría aprobarse un nuevo paquete que incluya la figura de magistrados de lo contencioso administrativo, que hoy no existe en Quintana Roo, para que puedan inhabilitar a los funcionarios que incurran en actos de corrupción.