CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Nadie puede violentar los derechos de terceros como arma de negociación, señaló este lunes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en clara alusión a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). “Necesitamos un Estado y una sociedad decididos a que efectivamente impere la ley, sin pretextos ni discrecionalidad. Esto significa que no puede justificarse ni permitirse el que se violenten los derechos de terceros como arma de negociación política o con cualquier otro fin –legítimo o no– como hoy ocurre en relación con el conflicto magisterial en el sur del país”, apuntó en su mensaje semanal Juan Pablo Castañón. De acuerdo con el empresario, el desafío de consolidar el estado de derecho democrático en México es un camino en el que queda un muy largo trecho por recorrer, con grandes resistencias y obstáculos por superar. Luego aseguró que como nación no se puede consentir que ningún servidor público, del nivel que sea, pretenda esquivar responsabilidades mediante argucias, imposiciones o simulaciones con las que sólo se busque protección o reproducir la impunidad. “Los gobernadores electos tienen la responsabilidad de aclarar y, en su caso, sancionar las acusaciones que existan contra las administraciones salientes”, subrayó. El CCE recordó que esta semana se realizará el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, dispuesto y acordado específicamente para procesar las observaciones presidenciales relativas a las adiciones improcedentes que se hicieron al artículo 32 de la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De esta forma, apuntó, se concluirá la fase de procesamiento legislativo para avanzar en el Sistema Nacional Anticorrupción. En concreto, esos resultados se traducen en el abatimiento de los actos de corrupción y abusos, y sobre todo la impunidad con que se cometen. De hecho, precisó, significa “la prueba de fuego” de la reforma anticorrupción que se ha aprobado, pero reconoció que como toda reforma siempre es perfectible, y sin duda lo que se ha logrado es un paso en el sentido correcto. “Se dotará al Estado y a la sociedad de nuevos instrumentos y recursos para avanzar con paso firme en el desafío número uno que tenemos, que es afianzar el estado de derecho como piedra angular del ejercicio de gobierno y la vida pública”, puntualizó. Para Juan Pablo Castañón, el desarrollo de las instituciones del estado de derecho democrático en México debe avanzar por seis cauces muy precisos, el primero de los cuales consiste en procesos políticos que mantengan la cohesión social: democracia efectiva como medio de representación y rendición de cuentas puntuales, y generación de acuerdos dentro de la pluralidad y la diversidad. En segundo lugar está el tema de la seguridad pública, es decir, garantizar la integridad física y patrimonial de las personas físicas y morales. Está también la legalidad, con reglas claras y perdurables, y la justicia al alcance de todos, con equidad, inclusión y eficiencia. También es necesario asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la provisión de insumos fundamentales para el progreso y la equidad: servicios de salud, previsión social y educación de calidad para todos. Por último, el CCE ve como algo imprescindible el equilibrio eficiente de necesidades colectivas e individuales: democracia y economía de mercado con responsabilidad social.