CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una veintena de organizaciones no gubernamentales exigió a la CNDH indagar violaciones graves a derechos cometidas durante el operativo policiaco del 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca. En un comunicado, las ONG también hicieron un llamado al ombudsman para que reclame la suspensión de la reforma educativa hasta lograr una solución dialogada del conflicto. Además, expresaron su preocupación por la “limitada intervención que ha tenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el conflicto que opone a autoridades y maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. También destacaron que en la intervención armada en Nochixtlán por parte de la Gendarmería y de las policías Federal y Estatal se contabilizan hasta el momento 13 personas muertas y casi 100 heridas. Estos crímenes cometidos contra civiles, advirtieron las organizaciones, “son responsabilidad de las autoridades, y son resultado de las inapropiadas decisiones que han tomado tanto a nivel federal como estatal para, según su criterio hacer frente a las manifestaciones que se han realizado en contra de la implementación de la reforma educativa”. Por ello, puntualizaron, “consideramos de suma relevancia que la CNDH comience una queja de oficio con motivo de la denominada reforma educativa, ya que fue aprobada sin previa consulta con el personal docente, y cuya implementación ha generado despidos injustificados de maestras y maestros en todo el país, y detenciones arbitrarias e ilegales de los líderes de la disidencia magisterial, tras la fabricación de delitos”. Asociadas por lo Justo JASS, el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, entre otros, expresaron su preocupación “de que la CNDH no haya iniciado una investigación por violaciones graves a los derechos humanos conforme al artículo 102, apartado B, constitucional, toda vez que los hechos ocurridos en Nochixtlán pueden constituir ejecuciones extrajudiciales realizadas como medida represiva en el contexto de manifestaciones públicas, cometidas por autoridades federales y estatales”. Además, consideraron que la CNDH debería promover “medidas apropiadas para que se realice un diálogo efectivo entre la CNTE y el gobierno federal, pues de otra manera compartiría la responsabilidad del agravamiento de la conflictividad social que se ha generado por las decisiones antidemocráticas del gobierno”.