OAXACA, Oax. (apro).- El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter, confirmó que el Poder Judicial de la Federación admitió hoy formalmente la primera demanda de amparo colectiva que presentaron contra las autoridades federales, estatales y municipales por su “inacción reiterada” ante las acciones violatorias al Estado de Derecho de la CNTE. Luego de presentar junto con el líder estatal de la Coparmex-Oaxaca, Benjamín Hernández Gutiérrez, otra demanda de amparo ahora en los tribunales del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación, adelantó que ahora, en la próxima semana serán requeridos los funcionarios federales, estatales y municipales para que rindan sus informes y “nos hagan saber la razón por la que no han aplicado cabalmente el Estado de Derecho como es su obligación”. Explicó que después de acompañar a presentar las demandas en Chiapas y Guerrero, “ahora hemos llegado a los tribunales en Oaxaca a solicitar que se nos conceda el amparo por las omisiones reiteradas en las que han incurrido autoridades de los órdenes federal, estatal y municipal”. Y es que “son casi 85 días continuos en los cuales la comunidad de Oaxaca, los empresarios hemos sufrido la afectación cotidiana en nuestra vida que va desde la posibilidad de realizar la actividad empresarial y la posibilidad de transitar libremente en las carreteras y de vivir en un estado que debe aspirar a normarse por el derecho”. Reconoció que ha habido avances en la negociación y “qué bueno que las pláticas y mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación empiecen a dar frutos, pero la negociación no puede ser pretexto para que ninguna persona o ningún grupo pueda violar de manera impune la ley”. Sin embargo, advirtió que “México ha tenido un desarrollo por debajo de las expectativas pero al fin desarrollo, pero no quisiéramos pensar que este tipo de conflictos, la inseguridad jurídica, la falta de vigencia del Estado de Derecho, orillara a grupos empresariales locales o internacionales a revalorar o suspender sus decisiones de inversión”. Consideró que “estamos a tiempo para que se haga valer la Ley porque el Estado de Derecho es el insumo principal para el desarrollo, la seguridad jurídica es uno de los incentivos para las inversiones (porque) algunas cámaras empresariales han señalado que algunos grupos están valorando los escenarios de riesgo para tomar sus decisiones de inversión”. Insistió que “el conflicto magisterial ya es un problema de escala nacional porque de las afectaciones en los zócalos se han ido a los puertos, aeropuertos y carreteras, entonces, en lo que estamos es en presencia de las cadenas de valor y en consecuencia alcanza mayor dimensión”. Explicó que “lo que buscamos con estas demandas es defender el interés colectivo y que se haga valer el Estado de derecho, que no se tolere un paro más, una afectación a las vías de comunicación, a los puertos y aeropuertos. Insistió en que “celebramos que se tengan algunos avances, aunque quisiéramos que fueran más, sin embargo, hasta en tanto no haya solución total, la Coparmex seguirá adelante con esta estrategia legal. Podemos dar testimonio que las afectaciones están ahí y ni por mucho es un asunto concluido o que vaya de salida. La afectación está presente, es actual y es un problema que no se ha solucionado todavía”. Para reforzar su dicho mencionó que al menos 175 trenes no salieron, se suspendieron operaciones portuarias en Lázaro Cárdenas y se afectó el suministro de la cadena automotriz”. El presidente estatal de Coparmex también dijo que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ya les concedió medidas cautelares y que ahora le toca al gobierno estatal llevarlas a cabo. De igual forma, las cámaras empresariales de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Ciudad de México presentaron una queja colectiva en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aclaró que “el mensaje a los gobiernos es para que nos regresen a Oaxaca lo que nos han quitado unos cuantos porque Oaxaca no solamente es el magisterio y Nochixtlán. Lamentamos lo que pasó en Nochixtlán, pero los gobiernos están obligados a voltear a ver a más de 4 millones de oaxaqueños donde necesitamos tener las condiciones políticas, sociales, económicas para que como sociedad nos podamos desarrollar en orden. Los dirigentes empresariales manifestaron que las pérdidas han sido históricas, sin embargo, no dieron cifras porque “no hay datos oficiales de pérdidas porque es difícil determinar la magnitud”.