En México, 18 millones de indígenas sufren discriminación: CIESAS

lunes, 8 de agosto de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Occidente) alertó que en México 18 millones de indígenas sufren discriminación negativa debido a su fenotipo, vestimenta, idioma o sus costumbres. Y eso ocurre a pesar del discurso generalizado sobre una mayor inclusión en ese sector de la población, destaca en un comunicado el doctor Guillermo de la Peña, integrante de ese organismo. Expone, asimismo, que actualmente el 80% de la población indígena vive en condiciones de pobreza y el 30% de ellos en condiciones de pobreza extrema. En el marco del Día Mundial de las Poblaciones Indígenas, que se celebrará el 9 de agosto, el investigador refiere que los pueblos indígenas son uno de los sectores de la población con más violaciones a sus derechos humanos, y sus derechos constitucionales son ignorados, “por lo que todavía existen muchos problemas por resolver y desafíos que cumplir, no sólo por el gobierno, sino también por la sociedad civil”. En su trabajo “Diversidad Cultural, la Desigualdad Social y los Derechos de Ciudadanía”, De la Peña expone que después de la Revolución Mexicana, el nuevo régimen puso en marcha una política que recibió el nombre de indigenismo, pero durante muchas décadas la Constitución no incluyó ninguna referencia explícita a esta población, a pesar de que reconoció el derecho de las comunidades agrarias históricas a sus tierras. “La noción de ciudadanía se siguió vinculando a las identidades individuales, y el gobierno fomentó la idea de que el mestizaje, la mezcla de razas y culturas, representaba la verdadera identidad nacional; es decir, los indígenas tendrían que convertirse en mestizos para ser verdaderos mexicanos”, puntualiza. Luego de señalar que tras un periodo de demandas por parte de movimientos sociales, organizaciones indígenas y miembros de la comunidad académica, el gobierno intentó subsanar la deuda histórica con los indígenas, por ejemplo con la firma del “Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, en 1992, De la Peña urge al gobierno y a la sociedad civil a enfrentar siete grandes retos para saldar la deuda con estos mexicanos. El primero de ellos, apunta, es combatir su problema de visibilidad, ya que los indígenas todavía sufren discriminación por su fenotipo, vestimenta, idioma o costumbres. Con frecuencia prefieren ocultar su identidad étnica para que no los consideren atrasados, ignorantes o incluso peligrosos, añade. Otro reto es sensibilizar a la población de que los indígenas no sólo viven en zonas rurales, pues antes de la llegada de los españoles existían ciudades en Mesoamérica y los Andes. “Este punto es relevante si se toma en cuenta que a principios del siglo XXI al menos un tercio de la población indígena de México vive en las grandes urbes”, apunta el investigador. Como tercer reto propone promover en las instituciones gubernamentales, como escuelas, centros de salud, comisarías, tribunales, y en los programas sociales en las áreas urbanas, una política de reconocimiento de los sujetos indígenas y medidas de atención especial hacia ellos, ya que a los servidores públicos les resulta difícil o imposible comunicarse con las personas a las que se les proporcionen sus servicios a causa de las barreras culturales y de lenguaje. El cuarto reto: hacer eficientes los tribunales e instituciones públicas donde se exponen los casos de violaciones de derechos indígenas, ya que no existen procedimientos judiciales claros para llevar a los infractores a juicio. El siguiente, erradicar la concepción errónea de que la persistente pobreza de los pueblos indígenas es causada por factores endógenos a sus culturas. Incluso, entre funcionarios del gobierno y académicos persiste un punto de vista evolucionista unilineal de la sociedad mexicana, sin tomar en cuenta que los sectores indígenas históricamente han sufrido enormes desventajas, subraya. En sexto lugar, cambiar la visión de la explotación capitalista salvaje que prevalece en la sociedad como único camino posible hacia la modernidad indígena, a pesar de que la Constitución reconoce su derecho a decidir sobre el uso y destino de sus recursos naturales. Como último reto, De la Peña plantea definir de manera clara lo que significa la representación política indígena ante los diferentes niveles del gobierno mexicano, problema más evidente en las zonas urbanas. “La idea y la práctica de la ciudadanía en México no puede ser posible si no se toma en cuenta la diversidad cultural, y en particular en relación con la población indígena en el país”, finaliza.

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