CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A unas horas de que se cumplan dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) no aporta ningún avance en la investigación que lleve al esclarecimiento de lo que les sucedió y el paradero de los jóvenes. En un comunicado emitido cerca de las 21 horas de este domingo, la dependencia se limita a “refrendar su compromiso con la sociedad para investigar estos delitos trabajando arduamente a fin de llevar a los responsables ante los tribunales y que las víctimas de estos lamentables acontecimientos accedan a una justicia efectiva y se les repare el daño”. Ante la falta de resultados concretos que aportar, en esta ocasión la Procuraduría se concentra a enumerar lo que ha hecho en materia de derechos humanos acerca de las 47 recomendaciones enviadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de las 941 peticiones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asegura que los hechos de Iguala dieron pie a la investigación penal más trascendente, exhaustiva y con el uso de tecnología de punta en la historia de la procuración de justicia en México, al contar con actuaciones sin precedentes en materia de transparencia, colaboración internacional y trabajo cercano con las víctimas. Además de ser la indagatoria más observada en materia de derechos humanos. Reconoce que la investigación sobre la desaparición de los normalistas en un hecho “inédito”, por sus características particulares es revisada, simultáneamente, en el ámbito interno por la CNDH, y a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por la Comisión Interamericana. Sin mencionar casos específicos, la PGR se concreta a dar resultados numéricos que no coinciden: Como parte de su investigación por violaciones a los derechos humanos, la CDH ha emitido 47 observaciones y propuestas a la PGR. Al día de hoy, 8 se encuentran totalmente atendidas y 29 en vías de atención; entregándose información en más del 78 por ciento de las observaciones en temas como fichas de identificación, datos de georreferenciación de teléfonos celulares, búsqueda de los estudiantes y líneas de investigación, por mencionar sólo algunos; que implican más de 800 evidencias entre declaraciones, ampliaciones, solicitudes diversas y dictámenes. A nivel interamericano, se formularon 941 peticiones diversas que han sido atendidas en un 93 por ciento. Señala que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR ha diseñado una estrategia encaminada a atender las observaciones emitidas por el ombudsman nacional, por lo que la labor de ambas instituciones se complementa: “La CNDH investiga violaciones a los derechos humanos y la PGR investiga delitos, una y otra entidad pública actúan”. Es importante señalar que la investigación del caso Iguala sigue abierta y que la Procuraduría General de la República trabaja en todo momento para esclarecer los hechos. La prospectiva de la indagatoria está orientada a llevar a cabo una actuación exhaustiva con la mayor apertura y transparencia, que las víctimas estén informadas sobre su desarrollo y desde luego, que las instituciones protectoras de los derechos humanos como la CNDH, puedan cumplir con sus atribuciones. El comunicado hace referencia a que Arely Gómez González, al protestar el cargo de procuradora general de la República en marzo de 2015 ante el Senado de la República, uno de los cuatro ejes rectores que se comprometió a adoptar fue el respeto a los derechos humanos.