CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grupo Higa se distinguió de nuevo por sus malas prácticas: la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú –contratista y amigo de Enrique Peña Nieto-- se negó a dialogar con los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas para abordar con ellos la situación que impera en San Francisco Xochicuautla, donde la empresa pisoteó los derechos de la comunidad otomí al construir la carretera Toluca-Naucalpan que atraviesa la localidad. Este “caso desgraciado” fue apenas una de las numerosas observaciones que señalaron hoy Pavel Sulyandziga y Dante Pesce --los expertos de la ONU--, durante una conferencia de prensa, que ofrecieron momentos antes de dar a conocer el informe preliminar sobre su visita a México, la cual arrancó el pasado 29 de agosto y terminó este miércoles. Al dialogar con los reporteros de manera abierta, los expertos deploraron el contubernio entre los sectores empresarial y político; la corrupción –“un flagelo”--; la ausencia de consultas en los megaproyectos; los asesinatos y desapariciones de defensores de derechos humanos –síndrome de “una sociedad enferma”--, la inexistente justicia para las poblaciones afectadas –“no les queda sino creer en Dios porque no tienen a qué apegarse”--, o el despido de Carmen Arístegui de MVS Radio, que representó “una grave violación a los derechos humanos” de la periodista. Ante la aparente desesperación de un reportero, quien señaló numerosos casos de corrupción e impunidad antes de preguntar a los expertos sobre la solución para acabar con ellos, Sulyandziga recordó: “Tenemos el derecho de reelegir o de correr al gobierno”. La agenda de los expertos durante estos diez días en México estuvo muy intensa. Sostuvieron “reuniones abiertas” y “muy francas” en la Ciudad de México y los estados de México, Oaxaca, Sonora y Jalisco, con no menos de 150 funcionarios de distintos niveles de gobierno, cámaras empresariales y cerca de 200 representantes de la sociedad civil –un colectivo les entregó un informe que documenta 61 casos de abusos perpetrados por 99 empresas privadas y paraestatales--. “Tradición” “Hay una tradición en México, pero no sólo en México, que existe una relación poco transparente entre la política, el Estado y las actividades empresariales”, subrayó Pesce. Más tarde, el chileno repudió “la relación incestuosa, extremadamente peligrosa y perversa entre el dinero, la política y los proyectos de inversión”. “Un empresario corrupto no solamente debería quebrar, sino estar preso. Y un político corrupto no solamente debería estar botado fuera de su cargo, sino también estar preso. Desgraciadamente tenemos cierto grado de tolerancia y un diseño institucional que permite que personas inescrupulosas, sin honor, sin integridad, muchas veces estén en lugares donde no deberían estar”, añadió. Y abundó: “La corrupción es un flagelo que perjudica gravemente a todas nuestras sociedades y perjudica principalmente a los más vulnerables, porque no tienen otra alternativa. No les queda sino confiar en sus autoridades, no les queda sino creer en Dios porque no tienen a qué apegarse”. Despido de Aristegui: “Grave violación a los derechos humanos” De todas las empresas a las que el grupo de trabajo solicitó una reunión, Grupo Higa fue la única que se cerró al diálogo con los expertos, los cuales se encontraban en San Francisco Xochicuautla el domingo pasado. Es más: la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú ni siquiera respondió a su correo electrónico. “Por lo tanto no sabemos cuál es su posición, su postura, y por lo tanto sólo podemos especular –cosa que no es muy buena--, cuáles son las razones por las que haya decidido restarse de dialogar con nosotros”, deploró Pesce, al señalar que en el caso Xochicuautla, los expertos detectaron “una serie de deficiencias en el mecanismo de consulta, de diálogo y de producción de confianza”. En el informe preliminar, los expertos recordaron que pese a la orden de amparo que suspendió las obras en las tierras comunales otomíes, “se ha continuado con la construcción de la carretera, con la aprobación de autoridades estatales y federales, sin cualquier esfuerzo serio de mediación y consulta”. El nombre de Grupo Higa surgió de nuevo en la conferencia de prensa, cuando los expertos evocaron el caso del despido de Carmen Aristegui el cual, según Sulyandziga, representó una “grave violación a sus derechos humanos”. Los expertos recordaron que MVS despidió a la periodista “a causa de su investigación sobre un caso de corrupción a los niveles más altos del gobierno”: el reportaje que reveló al público que Hinojosa Cantú construyó y financió la llamada “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera en Las Lomas. Falta mucho por hacer A lo largo de las nueve páginas del informe preliminar del Grupo de Trabajo se desprende que existe un largo camino por recorrer hasta alcanzar los 31 principios rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos, establecidos en 2011. Estos principios se articulan alrededor de tres pilares principales: el deber de los Estados en velar por los derechos humanos de la población, la obligación de las empresas en adoptar prácticas respetuosas de estos derechos y los mecanismos de acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de abusos por parte de empresas. Eso, en lo ideal. En la práctica, en México, “las empresas deben hacer mucho más para mantener los estándares de derechos humanos y evitar que busquen beneficiarse de la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia y rendición de cuentas”, sostiene el informe. Asimismo, para Pesce “hay que convertir las buenas intenciones en implementación”, lo cual se dificulta ante la “la falta de coherencia y de armonización entre los tres niveles de gobierno” y “la insuficiente separación entre poderes” que resta autonomía a la justicia. “No todos los proyectos son viables” Durante sus reuniones con funcionarios y empresarios, los expertos se percataron que “muy pocos conocían los principios rectores” de la ONU en materia de empresas y derechos humanos. Además, los expertos resaltaron que en México es inexistente la “cultura” --tanto empresarial, como entre los funcionarios públicos--, de dialogar con las comunidades locales antes de llevar a cabo un proyecto, de anticipar las consecuencias sociales o ambientales negativas de las obras e incluso de “escuchar las voces críticas”. “Las incidencias negativas se consideran como costos del progreso”, lamentó el chileno. Un ejemplo de ello fue el rechazo al proyecto Eólica Sur, en Oaxaca, por parte de las comunidades indígenas. Cuando los expertos cuestionaron a las autoridades al respecto, éstas “expresaron su frustración de que la ‘cuestión indígena’ hubiera retrasado el proyecto y argumentaron que el Juez Federal que ordenó el amparo no conocía la importancia de estos proyectos de energía”, reporta el informe. Pero si de verdad el gobierno y las empresas quieren alinearse con los principios rectores de la ONU, tendrán que estar dispuestas a iniciar la consulta previo a la elaboración del proyecto y a “asumir las consecuencias del diálogo” con las comunidades potencialmente vulneradas. Estas consecuencias incluyen la modificación, e incluso el abandono de un proyecto, pues “no todos los proyectos son viables”, subrayó Pesce. Realidades encontradas En las visitas oficiales que los expertos realizan a los Estados para ver si se cumplen con los estándares internacionales, las visiones de los gobiernos y de la sociedad civil organizada divergen: las autoridades tienden a “maquillar la situación” para que luzca mejor y las organizaciones suelen denunciar sus aspectos negativos. Pero en México, la situación es todavía más crítica, según Sulyandziga. Recordó que en los primeros dos días de estancia en el país, los expertos se reunieron por separado con representantes del gobierno y de la sociedad civil, con quienes abordaron los mismos temas. Cada sector les contó realidades muy distintas, y el experto se percató que “estos dos grupos viven en dos planetas distintos”. El grupo de trabajo insistió en que acudió a México por invitación expresa del gobierno, lo cual, subrayó, muestra las buenas intenciones de la administración en mejorar una situación “bastante difícil”. Asimismo, saludó la iniciativa del gobierno de elaborar e implementar un Plan Nacional de Acción (PNA) apegado a los principios rectores de la ONU. Los expertos observaron la “brecha grande” entre el México de papel –los textos y normas progresistas que se aprueban-- y su implementación en el terreno, la cual provoca que los pueblos más alejados de los centros de decisión se sientan indefensos y consideren que la justicia es “para otros”. Esto se aplica también en el tema de la defensa de los derechos humanos, según el informe. “Niveles críticos de violencia, inseguridad e impunidad contrastan con importantes desarrollos legislativos y políticas públicas, promovidas por el gobierno”. Y añadió: “Cuando en una sociedad hay desapariciones, secuestros, amenazas, asesinatos y terror, esta sociedad está enferma”, abundó.