XALAPA, Ver. (apro).-Al cumplirse un año de la desaparición en Tierra Blanca y posterior asesinato de los jóvenes José, Mario, Alfredo, Bernardo y Susana; padres y familiares en Playa Vicente no encuentra paz, ni resignación, ni sosiego, pero mucho menos justicia. Los cinco jóvenes fueron "levantados" por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y posteriormente entregados a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) quienes los llevaron al rancho "El Limón", donde sus restos óseos calcinados y muestras sanguíneas fueron encontrados semanas después. Bernardo Benítez, padre del joven del mismo nombre, recrimina que de nada sirve que haya 21 responsables -entre policías estatales, civiles e integrantes del Cártel de Jalisco- con prisión preventiva, si ni uno solo ha recibido sentencia, y peor aún -ataja- que con su alto nivel de peligrosidad se encuentren recluidos en penales de mediana seguridad como los de Cosamaloapan y el Duport Ostión de Coatzacoalcos. A 365 días de la desaparición forzada de cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente, quienes fueron detenidos por policías estatales en las inmediaciones del municipio de Tierra Blanca cuando regresaban de un viaje de placer a la playa en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Bernardo Benitez Arroniz recrimina el "estancamiento" y "abandono" en que la PGR dejó el caso, una vez que los medios nacionales e internacionales dejaron de dar seguimiento al caso. Benítez expresa que hoy hay un luto difícil de "explicar con palabras" en cinco familias de Playa Vicente. "Es un día triste, hay mucha rabia e impotencia, no se puede uno olvidar (de los jóvenes), día a día, a cada hora, a cada minuto, te vienen a la mente". En estos doce meses, el transitar judicial y ministerial ha sido de completa angustia y encabronamiento, Benítez Arroniz reprocha que con elementos probatorios contundentes de que el quintuple homicidio fue cometido por la delincuencia organizada, en donde la propia Secretaría de Gobernación federal, el exgobierno de Javier Duarte y la Fiscalía General del Estado (FGE) manifestaron lo mismo, la PGR en su delegación Veracruz "dictaminó" que no había elementos para concluir eso, razón por la cual los 21 indiciados están en prisiones preventivas del fuero común. "Son cuestiones políticas internas en las que uno sale afectado, pero como dice PGR Veracruz que no hay elementos, cuando en el rancho El Limón encontraron 8 mil fragmentos óseos calcinados, varios vehículos robados y diversos bidones de combustible de procedencia ilícita", expone. En el viacrucis judicial, las familias de los cinco jóvenes desaparecidos y posteriormente asesinados, ya promovieron un amparo para que la PGR Veracruz atraiga el caso y los 21 delincuentes en prisión preventiva sean enviados a penales de Máxima Seguridad (amparó 1301/2016 radicado en el Juzgado Quinto del Distrito de Boca del Río); en contraste, los policías e integrantes del CJNG ya tramitaron amparos, que en una primera instancia fueron negados. Hoy se encuentran en la revisión del mismo. "Ya queremos que termine esto, al menos en el aspecto judicial quisiéramos estar tranquilos". Aunque los jóvenes desaparecieron el 11 de enero del 2016, fue casi un mes después cuando elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Gendarmería Nacional y la Fiscalía General (FG) de Veracruz recibieron los resultados de ADN que permitieron identificar a dos de los cinco jóvenes desaparecidos. A través de un hueso identificaron los restos de Benítez Arroniz y una “gota de sangre” permitió la identificación de Abraham González. Durante un mes más, familiares de los cinco jóvenes exigieron más pruebas concretas sobre que sus hijos fueron asesinados ahí, por lo que saltó a la vista una mayor complicidad de la SSP con el narcotráfico, pero también una mayor cantidad de personas asesinadas en el lugar, así como diversos vicios en las diligencias realizadas, razón por la que familiares de Playa Vicente acamparon durante dos meses en la Fiscalía Regional de Tierra Blanca como medida de presión a las autoridades. "Aquí vamos a seguir en pie de lucha y hasta llegar a las últimas consecuencias. Ayer nos dieron el resultado de la investigación. Nos dicen que se encontraron fosas con muchos cuerpos calcinados. No se pudo hacer el ADN con restos calcinados, pero hubo una parte que sí pudo ser analizada, me dicen que pertenecen a los restos de mi hijo”, relató en aquel entonces Bernardo Benítez. Abundó que en un proceso judicial por separado, pusieron una denuncia ante la PGR en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, derivado de que de los policías incriminados en la desaparición de los jóvenes, ninguno contaba con los exámenes de evaluación y confianza. "La denuncia la pusimos en Ciudad de México, fue una bronca que nos la recibieran, solo porque dijimos que si no abrían una investigación nos ampararíamos y lo haríamos público… la recibieron en diciembre del año pasado, pero hoy no han hecho una sola diligencia". Bernardo Benítez espera que con el nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y el nuevo fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler, se pueda dar un acercamiento y que ellos les ayuden a presionar ante la Federación para dar justicia y sosiego a las familias: "vamos a darles un voto de confianza". En Veracruz, durante el sexenio de Duarte hubo más de mil desaparecidos en el sexenio, y según cifras oficiales de la FGE, 100 denuncias fueron resueltas, pues se encontró a dichas personas pero sin vida. El caso de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arroniz, de 25, y Susana Tapia, de 16 años; sacudió a la sociedad de Veracruz y traspasó las fronteras del país, pues en entrevista con Proceso y en encuentros con distintas televisoras, los padres de los 5 jóvenes "ofrecieron" al Cártel de Jalisco "entregarse" a cambio de que les regresarán con vida a sus hijos, dos semanas y media después, se confirmaría el hallazgo sin vida de los jóvenes oriundos de Playa Vicente.