CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El activista mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, y su abogado defensor, Miguel Ángel de los Santos, aseguraron que durante los días posteriores al crimen, el gobierno de Honduras cometió “irregularidades, ilegalidades y violación a los derechos humanos”, mismas que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En entrevista con Aristegui CNN, el testigo del crimen narró parte de lo ocurrido el 3 de marzo de 2016, cuando estaba hospedado en la casa de la activista, en la ciudad de La Esperanza, Honduras: “Supongo que (los agresores) no esperaban que iba a estar ahí, justo, esa noche, cuando planeaban matarla, asesinarla, no era la primera vez que lo habían intentado... En esta ocasión me tocó estar presente cuando entran los sicarios, paralelamente mientras uno entra a una habitación a asesinar a Berta, otro entra a mi habitación y al final creen que estoy muerto, pero quedé herido. “Y desde ahí empieza todo un proceso que fue una tortura espantosa con el gobierno de Honduras. Todas las diligencias, durante casi siete días no pude dormir, me traían de diligencia en diligencia... Estuve aguantando.. Todas esas irregularidades, ilegalidades y violación a los derechos humanos es lo que nos lleva a plantear una demanda contra el gobierno de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos”, narró Castro. De los Santos agregó que la incertidumbre por conocer el estatus jurídico de Gustavo Castro “duró varios días, no se le estaba otorgando el trato correspondiente a su condición de víctima de un delito, tampoco el que corresponde a un testigo presencial de la muerte de una persona muy querida. De repente existieron algunas diligencias que parecían más propias de una persona sospechosa”. Y es que, un día después del crimen, Castro intentó salir del país centroamericano; no obstante, las autoridades migratorias hondureñas intentaron detenerlo en el aeropuerto de la capital Tegucigalpa. Sin embargo, personal de la embajada de México en ese país intervino y logró su traslado a la sede diplomática, donde estuvo sometido a interrogatorios ministeriales durante varios días, hasta que el 1 de abril siguiente pudo volver a México. Por estas razones, ayer el activista y su abogado informaron en conferencia de prensa que presentaron ante la CIDH una denuncia contra el Estado de Honduras por haberlo retenido “inconstitucionalmente”. Agregaron que interpusieron una denuncia penal contra la juez Victoria Flores, por el delito de abuso de autoridad. Según la defensa de Castro, a más de 10 meses del homicidio de Berta Cáceres, el Ministerio Público no ha dirigido ninguna acusación contra la persona que le disparó. Agregó que sólo hay siete detenidos, entre ellos, un empleado de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) que amenazó de muerte a la activista por impedir la construcción de una represa en territorio de pueblos originarios. El abogado añadió que las investigaciones no han avanzado para saber quiénes son los autores intelectuales del crimen contra la entonces era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.