CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá en los próximos días si se permite la venta de refrescos en las instituciones de educación superior, prohibida (en teoría) desde el 16 de mayo de 2014. Al respecto, la organización de nominada "El Poder del Consumidor" tiene un mal presentimiento, y asegura que con base en los “argumentos insostenibles” que emplean las empresas refresqueras, la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos pretende conceder el amparo en revisión 104/2016 a la Compañía Embotelladora Del Fuerte y, por extensión, abolir los lineamientos que prohíben la venta de refrescos y comida chatarra en las universidades. Si se aprueba el amparo, la ministra echaría abajo los argumentos de las secretarías de Salud (SSa) y de Educación Pública (SEP), que defendieron ante tribunales la prohibición, aseverando que el derecho a la salud es más importante que las afectaciones económicas a la empresa Compañía Embotelladora del Fuerte, que comercializa y distribuye distintos productos de Coca Cola. Alejandro Calvillo, director de la organización, se manifiesta inquieto porque de por sí, dice, muy pocas escuelas y distribuidoras respetan la prohibición, incluidas las escuelas primarias. Durante el ciclo escolar 2015-2016, El Poder del Consumidor recibió 800 reportes de padres de familia, donde denuncian la venta de chatarra (94%) y de refrescos (70%) en la escuela de sus hijos, pese a la prohibición. Y con el amparo la organización perdería la oportunidad de exhibir a los rectores que incumplan con la regulación. “Hay 1.5 millones de puntos de venta de Coca Cola en el país (...) Que por lo menos los espacios educativos donde el Estado tiene el control, no sigan siendo de ellos”, suspira Calvillo. El activista deplora que en las universidades reine un ambiente "obesogénico". En prácticamente todas, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se vende comida chatarra y refrescos. “Los intereses comerciales no deben ir por delante de la salud”, exhorta. El amparo de la ministra Luna Ramos mermaría la emergencia epidemiológica por el sobrepeso, la obesidad y la diabetes que decretó la Secretaría de Salud el pasado 14 de noviembre, añade. En 2015, más de 98 mil mexicanos fallecieron por esa enfermedad, provocada, entre otros, por la ingesta de altas cantidades de azúcar, y el 70% de esa sacarosa que consumen los mexicanos proviene precisamente de los refrescos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2016, un 36.9% de los niños y adolescentes mexicanos sufren sobrepeso u obesidad, y la tasa de la población adulta es dos veces mayor: 72.5%. Negación En su proyecto de resolución, Luna Ramos afirma que la venta de bebidas azucaradas es legal y que la mayoría de las personas que estudian en instituciones de educación superior son mayores de edad, y asevera que la prohibición “pretende obstaculizar e incidir en la libertad de comercio y el derecho humano de trabajo” de la empresa. Impedir la comercialización de refrescos en las universidades, añade, implicaría reconocer que éstos “ponen en riesgo la salud de las personas, lo que no sucede en la especie, o al menos no fue acreditado por la (SSa) con estudios científicos”. Párrafos más abajo, la ministra asegura que no existe “una prueba pericial que arroje datos lesivos a la salud de las personas” como por ejemplo “a cuánto asciende el porcentaje de personas dañadas precisamente por el consumo” de refrescos. De todas formas, agrega, el propósito de la restricción --“el cuidado de la salud de los estudiantes, evitar la obesidad y el sobrepeso de éstos”-- no puede realizarse a costa de la restricción de garantías individuales, “sino a través de programas de información, de educación nutricional a la población”. El proyecto de la ministra contrasta con uno anterior que elaboró el ministro José Fernando Franco González Salas y que fue desechado por los demás integrantes de la segunda sala de la SCJN en agosto pasado. En su proyecto, Franco retomaba los argumentos de la SSa, según los cuales el derecho a la salud es más importante que el derecho al comercio, y que “los derechos a la salud y la alimentación nutritiva no pueden ser limitativos en los grados de educación superior”. Estos lineamientos, afirmó la SSa, buscan fomentar entornos que favorezcan la salud y forman parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, eje rector –aunque insuficiente-- del gobierno para luchar contra la epidemia.