Alista Corte revisión de ley Atenco y reformas al Código de Justicia Militar

lunes, 2 de enero de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En este semestre la Suprema Corte revisará las impugnaciones presentadas contra las reformas al Código de Justicia Militar, que amplían las facultades del Ejército y la Marina para participar en labores de seguridad pública, así como contra la ley Atenco, que restringe el derecho a las manifestaciones en el Estado de México. En la apertura del primer periodo de sesiones del año, el ministro presidente Luis María Aguilar Morales confirmó que ambas leyes forman parte de la agenda del pleno de la SCJN, por lo que se prevé su resolución en el primer semestre de 2017. También se prevé que en el mismo periodo se analicen las reformas a las leyes penales de Veracruz, que catalogan como delito la transmisión de una enfermedad sexual, cuando ésta se haga de manera deliberada por parte de uno de los participantes en la relación sexual, así como las excepciones aprobadas en el Código Civil de Aguascalientes para permitir el matrimonio de menores de edad. Además se analizarán las acciones de inconstitucionalidad que presentaron las fracciones parlamentarias del PRD, MC y algunos integrantes del PAN en contra del marco legal para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), particularmente en lo que se refiere a la exclusión de la llamada “3 de 3”, la cual obligaría a todos los servidores públicos a transparentar sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de conflicto de interés. Las reformas al Código de Justicia Militar, que prevén ampliar las facultades de investigación del Ejército y de la Marina en operativos de seguridad pública –incluyendo la realización de cateos con autorizaciones de jueces castrenses y no civiles— cuando se investiguen delitos que tengan relación con integrantes de las fuerzas armadas, fueron impugnadas mediante una acción de inconstitucionalidad por parte de la CNDH. Según el ombudsman, las reformas al ordenamiento legal y al Código Militar de Procedimientos Penales violan el principio constitucional de no intervención de las fuerzas armadas en la justicia civil, al extender de manera indebida el fuero castrense sobre las personas civiles. Con lo anterior, prosigue la CNDH, se afecta la libertad personal, la libertad de tránsito, el derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica y las garantías constitucionales de los civiles, además de violar la presunción de inocencia y de exponer a las personas a sufrir injerencias arbitrarias por parte de personal militar. En el caso de la llamada ley Atenco, la CNDH impugnó, junto con el ombudsman mexiquense, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en esa entidad, por considerar que la misma violenta los principios de proporcionalidad y de última razón, por autorizar el uso de armas no letales en contra de manifestantes, así como por diversas violaciones a los derechos de libre expresión y libertad de reunión. Asimismo, se impugna la falta de sanciones contra los agentes policiacos que vulneren los derechos humanos de las personas al momento de aplicar la fuerza pública.

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